Un grupo de estudiantes fueron detenidos por las autoridades el pasado 18 de mayo por actos contra las vías de comunicación, consistentes en la toma de casetas en Chiapas y retención de vehículos de carga para exigir condiciones de igualdad para todos los estudiantes normalistas, especialmente los originarios de comunidades indígenas sin servicio eléctrico y por lo mismo sin acceso a internet, toda vez que los manifestantes se oponen a la realización de pruebas en línea propuesta por las autoridades del estado y en su lugar exigen la aplicación de exámenes presenciales y por escrito, sin computadoras de por medio.
Ahora, a la exigencia original, la violencia de los normalistas ha escalado a un mayor nivel porque se suma la demanda de liberación inmediata e incondicional para sus compañeros, sobre quienes pesan cargos por delitos como motín, pandillerismo y robo con violencia.
En el incremento de acciones hostiles, que ayer llegó a la quema del Palacio de Gobierno del estado de Chiapas, los normalistas atentan no solo contra las instalaciones e inmuebles del gobierno estatal, sino que en su furia arrasan también contra tiendas y vehículos de empresas particulares, los cuales secuestran para saquearlos o utilizarlos para bloquear calles y accesos carreteros, quemando algunas de las unidades sin importar los daños que generan a terceros, no solamente a los empresarios dueños de esos transportes o negocios, sino afectando también a trabajadores que, a partir de sus actos, se quedan en muchos casos sin el trabajo que les permitía sostener a sus familias, a veces tanto o más humildes que a las que los normalistas aseguran representar y defender.
Con la escalada de violencia se demuestra que un gobierno que los considera y les da todo lo que piden, aún así no los va a tener satisfechos. El problema de la violencia en las protestas no son los gobiernos, sino un aprecio por el vandalismo por el vandalismo mismo. Estos grupos hacen de la violencia un modus vivendi y lo preocupante es que se da entre quienes se supone queda la responsabilidad futura de educar y ser guía de niños y jóvenes, por lo que queda preguntarse si habrá educación de calidad para los alumnos que pasen por sus aulas.
Exigir con agresiones el derecho a tener exámenes presenciales o tener una plaza garantizada al terminar de estudiar la carrera magisterial, desdice de quien más tarde se encargará de inculcar nociones de civilidad entre las nuevas generaciones.
Trato especial y sin reservas es lo que siempre los grupos de normalistas piden al gobernador en turno y que se les concede a cambio de no realizar destrozos, situación que para todos se torna ahora más delicada por el contexto electoral que se vive actualmente en México. Hay que poner más atención a esas protestas.