Las cifras lo confirman, es un hecho que la violencia que se ejerce contra las mujeres va en aumento y que las alertas instituidas para abatirla, han fracasado en su propósito, al parecer por falta de seguimiento a los casos.
Diseñadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), las alertas de violencia de género fallaron en 10 de los 18 estados en los que se decretaron, con un repunte alarmante de hechos violentos cometidos contra mujeres durante 2019, en comparación con 2018.
Un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) muestra que el año pasado, y pese a estar bajo categoría de estado de alerta de género por violencia feminicida, entidades como el Estado de México, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit, Campeche, Durango, Jalisco y Puebla arrojaron un alarmante incremento en feminicidios y otro tipo de ataques perpetrados contra mujeres, con lo que en tales estados, lejos de haberse vuelto seguros para la población femenina como lo buscaba la clasificación —supuestamente establecida para señalar los lugares que requerían de un refuerzo de la seguridad—, sucedió todo lo contrario.
Y es que como señalan especialistas consultados por este diario, la falta de resultados positivos se debió a una mezcla de desinterés, inexperiencia y falta de estrategia para que el programa de alertas de violencia de género pudiera implementarse a cabalidad y se acatara estrictamente en cuanto a protocolos de actuación en cada entidad, una vez decretada la alerta.
Por lo anterior, diversas ONGs se vieron obligadas a solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir se verifique el cumplimiento de las acciones a seguir una vez decretada una alerta de violencia de género, una de ellas la entrega de montos en efectivo a los estados por parte de la Conavim para que lleven a cabo el reforzamiento de la seguridad en sus territorios, y que el año pasado excedió los 59 millones de pesos que se canalizaron a 9 de los 10 estados con incremento en el número de feminicidios, mismos que aun así no pudieron dar resultados satisfactorios o por lo menos atenuar las cifras de estos delitos. A ello hay que agregar que no hubo un manejo transparente de esos recursos, como lo indica el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que asegura que no se sabe el destino que tuvo ese dinero.
La situación se complica aún más toda vez que en estos momentos el Conavim se encuentra acéfalo, por lo que las ONGs piden se ponga al frente de la institución una persona verdaderamente comprometida con la defensa de las mujeres. Sería un buen comienzo.
