Cuando un periodista es asesinado en México, la condena del gremio es generalizada, así como la de organismos de defensa de reporteros. Se hace un recuento de los trabajadores de la prensa que han perdido la vida en lo que va del siglo, en lo que va de la década, en lo que va del gobierno en turno. Probablemente la noticia llegue a los titulares de noticieros o de diarios, quizá algunos días el tema permanezca en la opinión pública, pero con el paso de los días la enorme losa de la impunidad se va asentando sobre el caso. En el momento en que un nuevo asesinato sucede, comienza el ciclo otra vez.
Cada crimen daña en primer lugar a la libertad de expresión. El asesinato de un periodista es con frecuencia un mensaje para que otros reporteros y otros diarios entiendan lo que les puede ocurrir si traspasan una línea marcada por la delincuencia organizada o por poderosos intereses políticos.
Pero otro daño es a las familias de los periodistas, que quedan sin acceso al derecho a una investigación expedita, a un trato digno o a la reparación integral del daño.
En una investigación de este diario, se encontró que ninguna de las 170 familias de periodistas asesinados o desaparecidos desde el año 2000 ha recibido una reparación integral en atención a sus derechos.
En medio de este olvido aparece el Estado, que incumple con obligaciones claras marcadas desde 2013 por la Ley General de Víctimas.
Con la creación, en 2014, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) parecía que finalmente se harían valer los derechos. Al menos en lo monetario funcionó para más de 13 mil víctimas, pero entre ellas no figuran las familias de periodistas. En estos momentos la dependencia se encuentra rebasada, pues al tercer trimestre había 47 mil 521 inscritos en el Registro Nacional de Víctimas, y la propia Comisión ha admitido que el número podría ser mayor, ya que “no es posible garantizar la calidad ni la confiabilidad” del registro.
La solución nunca será sumar más disculpas públicas por la responsabilidad en la falta de investigación. El silencio y la inacción no caben en las indagatorias de los asesinatos de periodistas ni deben imponerse sobre el derecho a informar ni sobre el derecho de los demás a conocer la verdad sobre asuntos que están ocurriendo y que a todos nos conciernen y afectan.