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La mujer que ha sido víctima de una violación cuenta con el apoyo del Estado para que le proporcionen una píldora anticonceptiva de emergencia o para que se le practique un aborto legal si presenta un embarazo como consecuencia de la agresión.
Esta medida entró en vigor en 2009, como parte de la Norma 046 emitida en ese entonces por la Secretaría de Salud. Aunque hubo muchas resistencias y controversias de inconstitucionalidad llevadas ante la Suprema Corte de Justicia, el máximo tribunal ha determinado su legalidad basándose siempre en la protección de los derechos de las mujeres.
Estudiosos del tema no se explican por qué de 2016 a 2019 en el país se presentaron 47 mil 241 denuncias por violación simple y 11 mil 914 por violación equiparada –cuando la víctima está incapacitada física o mentalmente para resistir la agresión–, y en el mismo lapso solo a 422 mujeres se les aplicó la Norma 046. El número de mujeres que recurrieron a la Norma 046 es muy bajo en comparación la cifra de violaciones denunciadas.
Información que presenta hoy EL UNIVERSAL apunta a que la Norma 046 está siendo poco utilizada en los estados. De acuerdo con expertos, hay falta de involucramiento de médicos y de especialistas, así como de instituciones de salud, además de vacíos legales.
Se dan casos en los que llegan menores de edad embarazadas por violación y en lugar de informarles de que tienen el derecho a suspender el embarazo, la atienden como una paciente más. En otras situaciones, la víctima de violación es una menor de edad incapacitada mentalmente que no es capaz de comprender la agresión –como el caso de Esmeralda que se retrata en estas páginas; la familia descubre el embarazo después de las 12 semanas de gestación, periodo en el cual la Norma permite la aplicación del aborto.
Como en muchos otros aspectos, en materia de derechos de la mujer parece haber dos Méxicos: en uno, hay quienes conocen sus derechos, saben ejercerlos y de ser necesario exigirlos por medio de marchas y manifestaciones. Pero tambien existen aquellas que habitan en zonas de alta marginación donde la violencia física y sexual incluso trata de justificarse como un tema de usos y costumbres.
En estas regiones es donde las instancias oficiales tendrían que poner la mayor atención. La protección a la mujer debe darse sin regateos debe quedar claro que el objetivo central es que nunca debe verse normal la violencia contra las mujeres.
