Mientras los padres de la niña veracruzana Zulma González ganaron un amparo para que su hija sea vacunada contra el Covid-19 pese a la negativa del gobierno federal para proteger a menores argumentando que se carecen de estudios científicos que avalen su seguridad en niños, se informó del inicio de una jornada binacional histórica de vacunación contra el Covid-19 en adolescentes, en la franja fronteriza entre Coahuila y Texas, con dosis otorgadas por Estados Unidos.
Como Zulma, muchas familias tuvieron que recurrir a amparos para obtener su acceso a las vacunas al sentir violentado su derecho a la salud. Son los menores, en especial aquellos que padecen una comorbilidad, los que demandan el biológico para no comprometer aún más su estado de salud ya debilitado. Se trata de una urgencia, no un capricho o una cerrazón, en especial cuando a uno de los fabricantes de las vacunas se le dio la autorización para aplicarla en mayores de 12 años e incluso la propia Cofepris dio su visto bueno para emplearla en México en adolescentes.
Hace poco el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, llegó a decir que los menores que mediante amparos conseguían su vacuna, le quitaban la posibilidad de contar con esta defensa a un adulto mayor o a personas con estado de salud comprometido, pero Zulma le responde que ella no le quita nada a nadie porque por su diabetes tiene el mismo riesgo mortal ante el Covid que un adulto mayor.
Hay que recordar que en junio pasado, México donó un millón de vacunas a cuatro naciones latinoamericanas, pero aquí las restringe a sus ciudadanos, aunque ha reiterado que tales lotes estaban contemplados dentro de un plan regional de apoyo sanitario.
No se entiende la obstinación del gobierno de regatear las vacunas, siendo que se trata de un derecho universal de salud. Para ejemplificar la necesidad de incluir a menores de edad en el plan de vacunación está lo reportado esta semana por la Secretaría de Salud, que reveló la detección de casi 10 mil contagios de Covid entre los menores de edad que hace dos semanas regresaron a clases presenciales, aunque minimizó el hecho al citarlos como casos leves que por sí solos no constituyen la inminencia de un brote.
Finalmente, el gobierno, a través del subsecretario Gatell, adelantó que habrá un programa de vacunación de un millón de dosis para adolescentes de 12 a 17 años que presenten factores de riesgo ante Covid-19. Parece que solo así, por medio de la presión pública, es que algunos menores lograrán ejercer su derecho a la preservación de su salud.