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El conflicto que está afectando a la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace cuatro meses y que en este momento tiene detenidas las labores en varias escuelas y facultades de la institución, tiene su origen en el feminicidio de la estudiante Lesvy Berlín Osorio, perpetrado en mayo de 2017 al interior de Ciudad Universitaria.
El caso se convirtió en bandera del movimiento feminista en la Ciudad de México y creció hasta tomar una fuerza inusitada en la que a una demanda inicial por justicia, paulatinamente se fueron sumando otras exigencias como las del cese de acoso contra las alumnas por parte de maestros, trabajadores y compañeros, o incluso el del mejoramiento del servicio médico en los planteles, luego de que un alumno del CCH Azcapotzalco muriera por una atención deficiente en la enfermería de su escuela.
En el pasado, la UNAM ha sido fuente de conflicto lo mismo por atentados a la libertad de cátedra, por aumento de cuotas o por el intento de instaurar otras voluntarias, por la demanda de ampliación de la matrícula escolar, por una iniciativa para erradicar el pase automático entre bachillerato y licenciatura, y hasta por propuestas para actualizar los planes de estudio. Muchas de esas pretensiones han sido señaladas, cada una en su momento, como intentos de privatizar la educación superior.
Esta vez quienes tienen en paro parcial a la UNAM, aseguran hacerlo en protesta y como medida de presión hacia las autoridades universitarias para exigir que cese la violencia y el acoso contra las mujeres al interior de la universidad, aunque en noviembre pasado, las protestas se dirigieron también contra la reelección del rector Enrique Graue, siendo vandalizada la sede de la Rectoría.
Lo anterior demuestra que la justificación de luchar contra la violencia de género es sólo un pretexto más que se toma para tratar de desestabilizar a la máxima casa de estudios, que siempre ha sido vista como un botín político tras el cual se puede ir y que, por sus dimensiones e importancia para la vida nacional, es una conquista estratégica para cualquier grupo que busque alterar el equilibrio de fuerzas en México.
Mientras el Presidente habla de la intervención de una “mano negra” en la UNAM, el rector advierte de intentos de desestabilizar la universidad; y aunque ambos reconocen que hay problemas internos y exigencias legítimas que hay que atender, también ven que detrás de los paristas hay otro tipo de intereses que aún no queda claro quiénes los mueven o qué pretenden al dañar a la universidad y con qué objetivo. Siempre será mejor el diálogo abierto que la sinrazón de las puertas cerradas.
