Hay malestar entre los empresarios estadounidenses más importantes del sector energético por acciones tomadas en instancias federales mexicanas. La molestia quedó plasmada en una carta enviada al gobierno de Washington, en la que piden su intervención para que interceda por canales diplomáticos ante el gobierno mexicano.
La inconformidad es precisa. Acusan a la Comisión Reguladora de Energía de retrasar permisos para instalar nuevas estaciones de servicio y a la Procuraduría Federal del Consumidor de clausurar bombas en gasolinerías por “menores o inexistentes infracciones”, así como por la realización de inspecciones de rutina “con la ley coercitiva y con la presencia de la Guardia Nacional”. Además de medidas que benefician a Petróleos Mexicanos, dominante en el sector.
Se trata de medidas que ellos definieron como “injustas y discriminatorias” y que incurren en faltas al tratado comercial México-EU-Canadá.
Desde hace más de un cuarto de siglo México promovió y aceptó las reglas del juego estipuladas en el acuerdo comercial firmado con Estados Unidos y Canadá, renovado con el aval de este gobierno.
Algunas de las acciones adoptadas recientemente tendrían que ser explicadas de manera transparente por las instancias oficiales para despejar dudas tanto a inversionistas extranjeros como nacionales. Quienes deciden invertir recursos en nuestro país para desarrollar cualquier tipo de proyecto necesitan certeza de que el gobierno federal será el primero en acatar acuerdos internacionales y normas nacionales.
La función ideal que debe ejecutar el gobierno es vigilar la correcta conducta de empresas y regular la vida económica. Cuando se permite que un actor económico o que el mismo gobierno genere condiciones para dominar artificialmente el mercado, al final el afectado siempre es el mismo: el consumidor, la población en general. Eso es lo que debe evitarse.
