Las más recientes cifras oficiales indican que el tema migratorio en el país se encuentra desbordado, con un escenario incierto para las personas que llegan procedentes de otras naciones y con un desafío para las autoridades mexicanas en el sentido de si podrán darle el cauce correcto al descomunal desafío.

En los primeros 11 meses de 2021, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió más de 123 mil solicitudes de refugio. Para dar cuenta de la magnitud, el número es tres veces mayor al registrado para el mismo periodo de 2020 y 70% superior al de 2019, cuando se contabilizaron 41 mil y 70 mil solicitudes, respectivamente. El crecimiento explosivo también es evidente si se compara con el año 2003 cuando solo se procesaron 1,296 solicitudes.

La estadística revela además que Tapachula es el foco del problema. La delegación de la Comar de esa ciudad chiapaneca ha recibido 84 mil de las 123 mil solicitudes, poco más de las dos terceras partes.

¿Existe la capacidad administrativa para procesar esa cantidad de peticiones? La Comar ha sufrido recortes presupuestales en los últimos años, que la mantienen laborando con personal insuficiente. Las peticiones de mayores recursos no han sido atendidas de manera plena por el Congreso de la Unión.

A la situación de migrantes desesperados por la lenta atención de sus casos, reflejada en las exigencias para que se acelere su proceso, y en su deambular por calles y plazas de Tapachula, se sumará a partir de esta semana otro foco de atención en el norte del país con el regreso del programa Quédate en México, con el cual nuestro país deberá acoger temporalmente a quienes soliciten asilo en oficinas estadounidenses.

El programa estuvo vigente en el gobierno de Donald Trump, pero la justicia estadounidense lo frenó, pero ahora es la misma justicia de esa nación, la que lo revive.

Hechos e imágenes de los últimos meses revelan que el tema migratorio por momentos ha rebasado a las autoridades. En el futuro inmediato no se vislumbra una mejoría, sino lo contrario. Se vuelve urgente la intervención de agencias de la ONU y de organizaciones de la sociedad civil para ayudar a quienes solo buscan una mejor calidad de vida. Pero más importante es la voluntad gubernamental de ofrecer trato digno a quienes se encuentran en esa situación. Sin esto último, todo lo demás será infructuoso.

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