Aunque digan que solo recibieron como máximo unos 49 mil pesos de sueldo nominal, legisladores del estado de Guerrero de la 62 Legislatura pudieron haber recibido más de 7 veces lo que tenían estipulado como salario y por la adhesión de otros conceptos, lo que está incluso por encima de lo que devengaron sus colegas federales, como lo comprueba un trabajo de periodismo de investigación efectuado por este diario.
Diputados de esa entidad recibieron sueldos y prerrogativas asociadas al concepto de “gestión social” o al de atención ciudadana, que no es otra cosa que servicios y obras que cada distrito supuestamente se compromete a brindar a los habitantes del mismo, pero en cuyo ejercicio a los legisladores no se les obligó a rendir cuentas ni tampoco se contó con un tope de gastos.
Entre las percepciones extra de los legisladores pasados, están unos 70 mil pesos de la llamada dieta a los diputados, a los que deben sumarse todavía hasta otros 250 mil pesos por gastos de gestoría correspondientes a labores que se efectuaron fuera del Congreso y supuestamente en beneficio de sus representados de Distrito.
No obstante, y aunque se asegura que para la presente legislatura las reglas han cambiado y los recursos asignados ya no los manejará directamente el diputado, los procesos de operación en este sentido siguen bajo criterios de discrecionalidad y poca transparencia.
Los pasados legisladores guerrerenses, al quedarse con esos recursos y al no someterlos a un proceso de comprobación estricta –como tampoco se hizo por auditárselos desde la federación—, cometieron sin duda un desfalco y engaño contra la Nación en la que los más afectados son precisamente los sectores sociales más desprotegidos y que requieren más apoyos económicos.
Pero tratándose de Guerrero, uno de los estados con mayor marginación e índice de pobreza, tal dispendio de algunos de sus legisladores constituyó no sólo un fraude, sino un insulto a la entidad y al país al cual dicen representar, pero de una forma que lejos de llevar bienestar a la población, no hacen sino acrecentar aún más la desigualdad de clases sociales y distrayendo recursos que se requieren en otros rubros, como el de la salud, en especial con el azote de la pandemia de Covid-19, o el de la atención a damnificados por desastres naturales que de una o de otra forma han golpeado este año con especial fuerza a los guerrerenses, al igual que a otras entidades de la República.