La crisis en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se presenta en un momento sumamente delicado para México en el que se hallan bajo cuestionamiento los procesos electorales, el Instituto Nacional Electoral y el propio tribunal.
Y ocurre en un momento complicado, porque desde diversos frentes se está torpedeando la autonomía de los órganos electorales, y surgen voces bajo la batuta de la Presidencia de la República, para que se vayan todos los magistrados.
El presidente del TEPJF se encuentra en medio de acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito que tiene que afrontar, pero en las que no se ha ahondado para justificar el desconocimiento que le hicieron cinco de los siete magistrados que integran la Sala Superior del tribunal.
El hecho fue calificado por el presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, como un “golpe de Estado” porque se gestó a sus espaldas y sin emplear los canales institucionales de comunicación entre los miembros de la junta sino a través de una plataforma alterna. Por su parte, los cinco magistrados lo depusieron argumentando el ejercicio de su facultad de autodeterminación para designar a quien los presida.
Siguiendo los protocolos establecidos, los magistrados en desacuerdo llevaron la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entidad que por otro lado rehuyó la posibilidad de escuchar al presidente depuesto, según lo denunciado por éste, como también lo hicieron sus cinco colegas al negarse a sostener ayer con él una teleconferencia para establecer posiciones.
En tanto, y no tomando posición por ninguna de las partes en conflicto, para el presidente López Obrador esta crisis evidencia la descomposición del aparato electoral y del Poder Judicial, dándole eso sí armas para pedir tanto la reforma del tribunal —mediante una limpia, previa renuncia de todos los magistrados— como la del INE. Habló de la “inmoralidad” del Trife y de la vergüenza que generan para el país sus disputas internas.
Corresponderá a la SCJN solucionar los litigios y dirimir las controversias que se susciten. La apuesta de México es por cuidar la institucionalidad, el buen funcionamiento del Tribunal Electoral y en sí fortalecer a las instituciones que integran el Poder Judicial.
Resolver rápido el conflicto por el que atraviesa el TEPJDF es urgente porque el país se encuentra en medio de la finalización del proceso electoral de junio pasado. Ello redundará en favor de la credibilidad y estabilidad de las instituciones, lo que solo puede alcanzarse mediante diálogo y conciliación.