En la manera en que una ciudad reacciona ante una emergencia se puede conocer si los trabajos de planeación y de respuesta están actualizados, y pensados en atender a la población, o simplemente se actúa conforme evolucionan los hechos.
La noche del lunes una nueva adversidad afectó a la capital del país con foco —una vez más— en el Metro de la Ciudad. Una trabe del tramo elevado de la Línea 12 se colapsó llevándose consigo dos vagones y a los pasajeros que viajaban en ellos. Tragedia, caos y dolor son las palabras que describen lo que ocurrió después.
El complicado rescate de víctimas fatales y lesionados se alargó durante horas. Familiares de quienes viajaban en el transporte llegaron al sitio del accidente para intentar conocer la situación de sus seres queridos; fue inútil obtener información. A partir de ese momento comenzaron un deambular por hospitales y llamadas constantes a teléfonos de oficinas públicas para preguntar por padres, hermanas o hermanos.
La noche del lunes y todavía la mañana del martes decenas de personas sufrían y manifestaban la angustia en el rostro por no tener datos sobre el paradero de sus familiares.
Lo menos que evidencia la situación que viven decenas de familias es a una autoridad rebasada, sin protocolos para actuar ante emergencias de ese tipo. ¿Por qué los deudos tienen que pasar por una doble situación de dolor? Primero es la angustia de ignorar la suerte de sus familiares y después las trabas burocráticas para reclamar restos.
El cuerpo del primer fallecido rescatado de los vagones, por ejemplo, se entregó 15 horas después a sus familiares. Desde las 11 de la noche del lunes su hijo recorrió hospitales y morgues hasta que fue notificado que el cadáver de su padre se encontraba en la Coordinación Territorial Iztapalpa-6. “Pero antes me hicieron dar muchas vueltas para reclamarlo”, denuncia.
Es tiempo de que los habitantes de las grandes ciudades del país amplíen el espectro de exigencias a sus gobernantes. No basta ahora con demandar servicios básicos o seguridad. Las tragedias pueden ocurrir en cualquier momento y la respuesta a las víctimas y familiares de las víctimas debe estar a la altura de protocolos internacionales que ponen en el centro a los afectados. Sin olvidar, por supuesto, el castigo a responsables: un tema de elemental justicia.
