De entre todos los impactos negativos surgidos a raíz de la pandemia de Covid-19 y la necesidad que impuso de confinamiento y desaceleración de las actividades económicas, preocupante resulta saber que la precarización del empleo ha sido el indicador que más ha avanzado en México, según el último reporte disponible del Inegi.
Con cifras que hablan de 12 millones de personas que salieron de la población económicamente activa durante 2020, y si bien hasta febrero pasado se han recuperado aproximadamente 10 millones, no ha sido en las mejores condiciones, ya que muchos de esos trabajadores se han visto obligados a aceptar empleos con menores ingresos a los que percibían antes de la pandemia, o con menos o más horas de trabajo , y en algunos casos con cargas, riesgos o responsabilidades excesivas, que no se compensan con el salario recibido a cambio.
Resalta también la pérdida de 18.3% de puestos de trabajo que se movían por encima del nivel de los tres salarios mínimos de percepción, lo que explica en contraparte el incremento de los trabajos con ingresos menores. Por la pandemia, la subocupación también creció y trajo 2.5 millones de personas más a esta forma de trabajo de las que había hace un año.
Además, de acuerdo al Estudio sobre la Demografía de los Negocios 2020, de los casi 5 millones de pequeños y medianos negocios que había en el país, se perdieron más de un millón a consecuencia de la pandemia y no se vislumbra su resurgimiento o reemplazo.
La recuperación en los indicadores del empleo no se percibe aún satisfactoria y tan solo restaurar el empleo en los niveles que se encontraba antes de la contingencia —que de por sí no era siquiera aceptable— se antoja una tarea difícil que requerirá varios años de esfuerzo de todos los sectores de la sociedad y del gobierno.
Las medidas que se han tomado, como el aumento al salario mínimo, pueden quedar rebasadas o nulificadas por el impacto de acciones que no se han instrumentado como por ejemplo el rescate de empresas —que no de empresarios—, el apoyo al empleo ya existente, facilidades o exenciones fiscales a las pymes, condonación de pago de servicios que dependan del Estado (por ejemplo, la energía eléctrica), aplazamiento en el cobro de cuotas de seguridad social, etc.
Ahí está el reto: ir más allá de programas que benefician únicamente a usuarios específicos en el corto plazo, pero que a la larga no resuelven temas más importantes para la sociedad en conjunto.
