Si ya antes de este año las víctimas de delitos o abusos debían padecer tardanzas y falta de coordinación entre las instancias estatales para ser atendidos, las condiciones actuales prácticamente hacen quedar sin esperanza a los 24.7 millones de mexicanos que cada año son víctimas de algún delito, de los cuales sólo una mínima parte buscan la reparación del daño que les fue cometido y piden la ayuda del Estado.
A dos meses de que por acusaciones de agresiones y revictimización por parte de Mara Gómez, ésta tuviera que presentar su renuncia como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la dependencia se ve rebasada por el número de solicitantes de servicio, al tiempo que sigue acéfala, sin un responsable asignado, y ahora con una sobrecarga de trabajo que hace aún más tortuoso el calvario de las personas afectadas en la exigencia de reparación del daño y de desagravio por faltas a sus derechos humanos.
Pese a la importancia que para la sociedad civil tiene la institución a la que Mara Gómez renunció, desde el gobierno federal no se ha procurado buscarle reemplazo ni se han modificado las condiciones que llevaron a la crisis en la cual se encuentra ahora.
Ahora, por las restricciones financieras, los nuevos solicitantes deben enfrentar una espera de meses y en algunos casos de años para que su situación sea valorada y atendida, negándoseles a muchas víctimas el registro por situaciones que no están bajo su control o responsabilidad.
Desafortunadamente, entre la nueva normalidad que rige a partir de este año está ahora la indiferencia y negligencia de la autoridad hacia víctimas. Así, no puede haber justicia si ni siquiera se tiene un registro confiable ni una atención generalizada. Por ello es más que indispensable el atender la situación del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, del que es parte la CEAV, así como el trabajo coordinado de las instancias involucradas en la atención a víctimas y procuración de justicia para salir de este bache que cada día que pasa se profundiza más.
