Crecen las tareas, facultades y atribuciones que el gobierno federal está dando a las fuerzas armadas, esta vez al conceder a la Secretaría de Marina (Semar) la operación del Tren Transístmico y la custodia del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec así como la propiedad del mismo, la cual compartirá con cuatro estados del sureste nacional mediante un acto de escrituración como una forma de prevenir su privatización futura.
Con este candado impuesto desde la presidencia de la República sobre la pertenencia del corredor, se instaura una condición nunca antes vista para una dependencia pública que en teoría sólo debería de estar encargada de tareas de seguridad nacional y que nunca se pensó que llegaría a tener calidad de terrateniente o de socia en una empresa cuya utilidad y potencial económico aún estará por verse.
A las Fuerzas Armadas en su conjunto se le han ido asignando paulatinamente tareas que van desde seguridad, la vigilancia de las fronteras y la edificación de obras insignia como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Tren Maya y las sedes del Banco del Bienestar, así como la custodia y resguardo de las vacunas contra el Covid-19.
Lo preocupante es que varias de esas megaobras se están planeando y ejecuntando sin informar, o consultar a las comunidades que se varán impactadas por las construcciones, lo que ha comenzado a generar protestas y fricciones con los pobladores de Oaxaca, donde se denuncia que el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec tendrá forzosamente impactos en el medio ambiente por la modernización de las vías del Tren Transístmico, y cuya magnitud y dimensión real se verán hasta que el transporte comience a operar.
El gobierno asegura que las ganancias que generen sus proyectos van a ser para los militares, lo que en algún sentido significa crear una élite, ya que se les está dando una canongía especial cuyo resultado podría ser contraproducente a futuro, pues hay que reflexionar lo que ocurrirá si tales obras fracasan. Esas ganancias que se les prometieron a los militares tendrán que salir entonces del erario público, lo que a la larga redundará en una cuantiosa merma para el país, de un modo similar a como lo fueron y han sido la serie de grandes prestaciones que se han dado en empresas a cargo del Estado, como Pemex y CFE.
Las atribuciones a militares son un puente para perpetuar su influencia e injerencia sobre asuntos públicos, y que podría quebrantar o distorsionar la separación y autonomía que debe haber entre las esferas presidencial y militar. El gobierno debe repensar los pasos que está dando.
