La sororidad, ese término de cuño reciente que hace alusión más que a una simple solidaridad de género, sino a lo más cercano a una hermandad de mujeres como grupo de apoyo tanto ante las acciones de violencia como al descrédito que enfrentan por parte de las autoridades encargadas de brindar protección y procuración de justicia, es la solución que ha tenido a bien darse la población femenina de nuestro país.

Ante el vacío de seguridad que tanto autoridades del nivel federal, como estatal y municipal parecen ofrecer, han obligado a las mujeres mexicanas a ingeniárselas para contar con otras opciones para brindarse protección unas a otras, a partir de la creación de grupos de vigilancia y apoyo que surgieron inicialmente en las universidades, pero cuya cubertura ya se extiende más allá de los campus académicos a toda mujer que le interese y lo solicite.

Los casos recientes de agresiones contra mujeres por parte de policías y choferes hicieron necesario el surgimiento de un sistema incipiente de autocuidado entre ellas, por medio del cual y vía Whatsapp o Facebook, grupos de usuarias responden al llamado de alguna que vea comprometida su seguridad, acudiendo aquella que se encuentre más próxima a quien ha solicitado la ayuda o, bien, ofreciendo su casa como refugio seguro. Para ello, envían su ubicación en tiempo real mientras otras dan seguimiento y acuden en caso de emitirse alguna señal de alerta, como por ejemplo, el desvío de un taxista de su ruta o si, caminando en la calle, detectan que alguien las viene siguiendo con actitud sospechosa.

Un país en el que sus mujeres aseguran que la última institución a la que van a acudir en busca de ayuda es la Policía, es sin duda un Estado fallido que ni siquiera puede brindar seguridad básica a su ciudadanía y que además de demostrar incapacidad, genera desconfianza entre quienes deberían ver a sus oficiales como figuras que infundan respeto y protección.

Es admirable que las mujeres se organicen, pero es de preocupar que la solución no venga del Estado, sino de las víctimas. Y siendo los propios policías los cuestionados por las mujeres, es urgente que se revise a detalle la estructura de los cuerpos de seguridad y la integridad moral y preceptos de sus integrantes. Asimismo, tener respuestas por parte de los gobiernos federal y estatales en cuanto a qué se está haciendo para recuperar la confianza de las mujeres en las autoridades, ya sea atacando la impunidad, pero también facilitando la denuncia y ofreciendo mejores sistemas de reacción rápida vía celular o con botones de pánico en transporte, vialidades y sitios públicos.

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