Han pasado 34 años ya desde el terremoto de 1985 y dos años del de 2017. Si mientras el primero es señalado como el sismo más letal en la historia reciente de nuestro país, el del 19 de septiembre de hace un par de años se caracterizó por lo inusitado y lo violento de sus sacudidas, fenómeno nunca antes visto en la zona central del país que, según explicaron en su momento los sismólogos, se debió a dos características esenciales: por un lado se trató de un movimiento telúrico de tipo intraplaca (provocado por la súbita ruptura de la placa en su desplazamiento), y por otro que la ubicación de su epicentro estuvo prácticamente bajo los pies de los habitantes de la zona centro de México, lo que explica tanto la fuerza del fenómeno como el que no haya dado tiempo de que la población fuera advertida con la alerta que dan los temblores cuando provienen de la costa del Pacífico.
Ahora, luego de transcurridos dos años del último gran sismo y de que prácticamente aún no inicia la reconstrucción, sorprende saber que hasta el momento sólo hay dos inculpados directos en prisión por su responsabilidad en el derrumbe de edificios en la Ciudad de México. Y es que se suponía que tras los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985, en la metrópoli se había adoptado un reglamento de construcción mucho más estricto para evitar que, a partir de entonces, se registraran nuevos desplomes, ya que toda edificación posterior se haría considerando un grado mayor de resistencia a los fenómenos telúricos. Ello aunado al avance que en el campo de la ingeniería civil se ha venido registrando en cuanto al uso de nuevos materiales, estructuras y técnicas de construcción.
Pero el terremoto del 19 de septiembre de 2017 demostró que hubo gran laxitud en la aplicación del reglamento y corrupción tanto al momento de registrar o autorizar una obra (dado que en múltiples ocasiones lo proyectado no coincidía con lo ejecutado), o bien, porque los cálculos de ingeniería estaban mal realizados o al momento de construir se empleaban materiales de calidad inferior a la mínima requerida o los trabajos se efectuaban sin la supervisión de un experto que los validara. El resultado: varios edificios “nuevos” se vinieron abajo con el sismo o quedaron con daños graves que los hicieron inhabitables.
A lo anterior debe agregarse la opacidad con la que se han manejado los recursos para la reconstrucción de los inmuebles derrumbados y de los que quedaron con daño estructural grave. Es hora de comenzar a resarcir todos esos daños y castigar a los responsables.
