Hace ocho meses EL UNIVERSAL dio a conocer un informe elaborado por la Oficina de la Defensoría de los Derechos de la infancia, en el que se daba cuenta de que en escuelas públicas y privadas han operado grupos delictivos dedicados a la explotación sexual infantil organizada en los que participan por igual maestros, directivos, personal administrativo y de intendencia; los abusos han ocurrido dentro y fuera de los planteles escolares y los han videograbado con fines de difundir pornografía en línea.
En el reporte hay una documentación detallada de 18 casos de abuso sexual cometidos en siete entidades. Los registros señalan que se trata de patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva dentro de un plantel.
La asociación ha acompañado a las víctimas para emprender acciones legales, pero ahora la tarea ha crecido.
Hoy ese informe se encuentra más abultado. En el tiempo transcurrido desde mediados de mayo se han agregado tres casos. Ahora son 21 en 10 estados. Uno de ellos ya en el regreso a clases presenciales en 2021.
Por la gravedad del tema, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió el año pasado a que cada mes se darían detalles de las acciones realizadas para proteger a sectores vulnerables como la niñez, porque el gobierno federal “trabaja mucho” en el combate contra los grupos de la delincuencia organizada dedicada a la explotación sexual infantil en México.
Sobre los casos denunciados anteriormente sorprende el silencio del Estado mexicano, en especial de la Secretaría de Educación Pública, pues varias de las situaciones se han registrado en escuelas públicas.
En la actualización del informe se informa que los trabajadores de la SEP involucrados en su mayoría no son denunciados ni sancionados por la dependencia; si acaso, son cambiados de plantel educativo. Además de eso, no ha pasado nada, excepto que han crecido las denuncias. ¿Qué tendría que pasar para que se atienda esta problemática y para que las autoridades no sigan escondiendo la cabeza?
Abogados y activistas advierten que de mantenerse la inacción y el silencio, el problema en lugar de disminuir va a aumentar. Así, se prevé el peor panorama para los más vulnerables. Inadmisible.