Las cantidades expresadas por una y otra dependencia ni siquiera cuadran. Según la Secretaría de la Función Pública (SFP), ha presentado durante los casi dos años que lleva el actual gobierno, un total de 513 denuncias por malas prácticas de servidores públicos ante la Fiscalía General de la República (FGR), pero ésta solo contabiliza haber recibido 363, de las cuales ninguna ha podido llegar ante un juez y donde llama la atención que más de tres cuartas partes de las admitidas (296) están relacionadas con una sola institución: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por diversas prácticas irregulares por parte de funcionarios o exfuncionarios de esa entidad.
En la comparecencia de la semana pasada de la titular de la SFP se deploró que ninguno de esos expedientes cuente hasta el momento con un dictamen o resolución por parte de la FGR y que ni siquiera se le ha informado a la dependencia si las denuncias han procedido, que sería el paso mínimo básico en el camino hacia la erradicación de la corrupción y otras prácticas nocivas dentro del aparato estatal que incluyen actos tan graves como tortura, acoso sexual y amenazas de muerte.
Al respecto, la FGR revira a la SFP alegando que todos y cada uno de los expedientes requieren de investigación y de una adecuada integración de documentos en los que se acredite la relación de hechos y las pruebas que los corroboren, para poder determinar si la denuncia procede o no.
De las discrepancias entre ambas dependencias se puede comprender que mientras los casos no estén bien armados, consolidados o bien integrados, entonces ninguno van a prosperar. Puede haber mil denuncias pero si no hay una integración correcta de los expedientes que permita su judicialización, es a partir de ahí que todo esfuerzo es infructuoso, no se puede iniciar el proceso y al final no ocurre nada.
Por lo anterior hay que cuestionar si este proceso para combatir la corrupción es de verdad el adecuado o hace falta revisarlo a detalle con vistas a su perfeccionamiento y recordar que en el sexenio pasado la sociedad civil estuvo bastante involucrada en crear un mecanismo que de verdad sirviera para erradicar las prácticas irregulares que se dan en la administración pública.
Así, en medio de este juego de dimes y diretes entre la Función Pública y la Fiscalía, no queda más que concluir que si la lucha anticorrupción no es completa, es inservible.
