En la Ciudad de México hubo una época, principalmente hacia la década de los 70 y 80, en la que los policías eran sinónimo de abusos y corrupción. El empoderamiento de la sociedad civil y la apertura democrática que se dio a finales del siglo pasado dieron paso a que se iniciara la modificación y erradicación de acciones que violentaban a la ciudadanía.
No puede afirmarse que se completó la tarea, pero hay avances visibles en la profesionalización policiaca y en un mayor respeto a los derechos humanos. Incluso, entre 2006 y 2012, cuando amplias regiones del país se convulsionaban por la violencia criminal, la capital del país fue una zona con bajos niveles de inseguridad. La situación comenzó a revertirse desde entonces y con ello aparecieron casos esporádicos de abusos policiales o de elementos involucrados en actos ilícitos.
En 2018 hubo varios: en enero un joven estudiante de la UNAM fue detenido por policías capitalinos, sin motivo aparente, y a partir de ahí durante más de dos días no se supo de su paradero. En mayo, EL UNIVERSAL dio a conocer un video que mostraba a un mando policiaco recibir un soborno de presuntos narcomenudistas. En agosto, un joven tuvo un percance automovilístico con una patrulla policial, intentó darse a la fuga y los agentes respondieron causándole la muerte.
Hace una semana se dio a conocer la denuncia de una joven que señalaba a cuatro policías por haberla violado. La filtración de los detalles ocasionó que la joven argumentara que desistiría de la acusación. Al mismo tiempo, integrantes de grupos defensores de los derechos de las mujeres protestaron por la lentitud de la autoridad para actuar contra los elementos y realizaron destrozos en oficinas públicas.
Ayer la Procuraduría capitalina informó que las declaraciones de la parte acusadora no coinciden con el momento, lugar y hecho, por lo que no hay acusación contra los policías.
Desafortunadamente hay motivos recientes para que buena parte de la ciudadanía no tenga confianza plena en la actuación de policías.
La autoridad está obligada a realizar un ejercicio de minuciosa transparencia, en el que abunden las pruebas, para conocer lo que ocurrió. También, tendrá que asumir el compromiso de dar un adecuado manejo a la información, que incluya no ofrecerla al mejor postor.
