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El rechazo a proyectos gubernamentales no es nuevo. Cada vez que se proyecta desde una calle hasta una obra de mayor envergadura siempre habrá afectación para alguna parte. Lo procedente, desde luego, es que se busque que esa afectación sea mínima o que impere la cordura y la negociación para privilegiar el bien común.
El proyecto del gobierno de construir un aeropuerto comercial en la actual base aérea militar de Santa Lucía fue criticado por voces ciudadanas que encontraron deficiencias en el plan. Diversas agrupaciones emprendieron acciones legales para exigir que el proyecto se apegue a la normatividad. En estos procesos obtuvieron en principio fallos judiciales a favor, el último de los cuales fue revocado ayer por un juez luego de atender un recurso de revisión interpuesto por el gobierno federal.
En la historia reciente el rechazo a proyectos de obra pública se ha dado en medio de protestas violentas y de respuestas del mismo tipo, pero en el caso del aeropuerto de Santa Lucía todo ha transitado por los cauces legales desde las dos partes confrontadas.
La resolución judicial de ayer sobre Santa Lucía no representa, sin embargo, el fin del litigio. De inmediato, el gobierno federal anuncia que hoy habrá una ceremonia en el sitio para reiniciar la obra.
Y en respuesta el colectivo #NoMasDerroches da a conocer que continuará luchando para que prevalezca el Estado de derecho. Los señalamientos de la parte acusadora van en la dirección de que el proyecto contenga los estudios debidamente terminados y se encuentren al alcance de la opinión pública.
La obra en Santa Lucía seguirá generando aún más posiciones encontradas. Ante esto, la vía para dirimir las diferencias no debe ser otra que la vía legal y el acercamiento de las posturas. Atrás deben quedar escenarios como el de 2002 en San Salvador Atenco, donde los habitantes se opusieron a la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona con manifestaciones y bloqueos, que llevaron a la cancelación del proyecto.
En el tema de la base militar hay dos puntos que no pueden soslayarse. Primero, que una de las partes —el gobierno— está obligada a ofrecer certeza legal, lo que debería darse por descontado. Segundo, que el Poder Judicial es el que menos dañado debe salir, pues su decisión final será inapelable.
Por la concordia del país, es tiempo de que Santa Lucía deje las zonas de turbulencia.