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Dos perspectivas respecto al naciente Insabi, en oposición a su antecesor el Seguro Popular, se exponen hoy en las páginas de este diario. Por un lado, el titular de la nueva dependencia, Juan Ferrer, defiende su trinchera y afirma que las fallas y la incertidumbre actuales son producto de las resistencias que enfrenta el ambicioso proyecto a su cargo, toda vez que toca intereses económicos o inercias de muchos años en las formas de operación. Además, el funcionario asegura que el presupuesto con que ahora se cuenta es muy superior al que manejaba el Seguro Popular.
El gobierno calcula que la eliminación de la corrupción en el sector salud, con el negocio de los contratos de compra de medicamentos a unos cuantos proveedores como ejemplo paradigmático, liberará tal cantidad de presupuesto que hará posible establecer la gratuidad de los servicios médicos y hospitalarios para las personas que están fuera de los esquemas públicos de salud para trabajadores regularizados. ¿O es que quizá le apuesta a que la población desempleada, autoempleada o subempleada (estos últimos los que pese a contar con un trabajo, no cuentan con la prestación de un seguro médico) son una minoría?
Julio Frenk Mora, secretario de Salud en el gobierno de Vicente Fox y a quien correspondió echar a andar el ahora extinto Seguro Popular, advierte de un posible fracaso del Insabi, toda vez que recentraliza en el gobierno federal la atención médica que en administraciones pasadas se había logrado ya entregar a los estados para su manejo y administración. El exfuncionario explica que el Seguro Popular solo era una rama más de lo que se vislumbraba que sería un auténtico programa universal de salud que cubriría a toda la población y que se estructuraría tomando como su eje central a los sistemas públicos ya existentes (IMSS, ISSSTE, SSA, Pemex, Issemym, etc.), a los que necesariamente debería fortalecerse para poder extender su cobertura, sin demeritar la calidad de sus servicios. El exfuncionario añade que la gratuidad médica total no existe en ningún país, por lo que la promesa gubernamental de hacerlo con el Insabi se antoja irreal o sin sustento posible.
Las autoridades de la actual administración deberían comprender que otorgar una atención médica universal y gratuita, si bien es una apuesta ambiciosa, requiere de una cuidadosa planeación, estudios detallados y, especialmente, un periodo de prueba que permita afinar detalles y corregir errores, pero organizar las cosas sobre la marcha no es precisamente lo más deseable.
