Unos 76 mil médicos particulares, que no son parte ni del aparato de salubridad estatal ni de los grandes consorcios de hospitales privados, son el universo de profesionales de la salud a los que el gobierno les está negando la posibilidad de protegerse contra el Covid mientras dan un servicio más que necesario para millones de mexicanos que están fuera tanto de la cobertura que brinda el Estado, como de la posibilidad de pagar por su cuenta servicios médicos privados.
Estos médicos, igual que los del sector público y los de las grandes cadenas hospitalarias, también están en la primera línea de combate, porque es un hecho de que el facultativo, sea especialista o no en el mal pandémico, no sabe quién llega con Covid y quién no.
Estos médicos y enfermeras están en las clínicas populares o de barrio, en consultorios médicos personales, en despachos y torres médicas, y por supuesto, son los que prestan servicio en las farmacias.
Este tipo de consultas, algunas bastante económicas, son para muchos la primera opción de recibir atención médica cuando no se es derechohabiente de la seguridad social, o incluso si siéndolo se desea una atención rápida para problemas de salud que no se consideren graves y se quieren evitar los tiempos de espera o los trámites burocráticos en instituciones como el IMSS o el ISSSTE.
Estos trabajadores y emprendedores de la salud otorgan atención de primer contacto. La importancia e impacto del denominado “personal médico por acuerdo” —como los cataloga el Inegi— es tal, que se calcula que en conjunto brindan hasta 43% de todas las consultas médicas que se efectúan en México. Y sin embargo, la administración actual parece invisibilizarlos, al no considerarlos en la convocatoria oficial de vacunación. El argumento es que no se tiene un censo que permita dimensionar el tamaño del sector médico nacional, pero acaso ¿la cédula profesional que la misma autoridad extiende para poder ejercer cuidados a la salud, no podría ofrecer ese dato?
Ahora la respuesta gubernamental en la que se pide a los médicos que funcionan fuera del aparato estatal es que esperen su turno y decir que ampararse para ser vacunado es un acto de egoísmo, es de una mezquindad y una ingratitud total hacia quienes arriesgan su vida y anteponen su vocación de servicio. Es una ruindad, más bien, no cumplir lo que en un primer momento se dijo de vacunar a todo el personal de salud, sea público o privado, pues no hay médicos, enfermeras, camilleros, paramédicos, odontólogos, administrativos, laboratoristas de análisis clínicos, que sean mexicanos de primera ni de segunda. No hacerlo es una discriminación inadmisible.
