A lo largo de 2019 uno de los temas centrales en el país fue el combate al robo de combustible por medio de tomas clandestinas, conocido como huachicoleo. El tema se volvió la principal bandera del gobierno federal y no era para menos, pues las pérdidas en Petróleos Mexicanos se calculaban en decenas de miles de millones de pesos.
Aunque a principios de ese año se adoptaron medidas extremas para contener el robo de combustible —los oleductos fueron cerrados y el reparto comenzó a realizarse únicamente por pipas, lo que derivó en situaciones de desabasto—, poco ha cambiado luego de 24 meses.
Un informe de Petróleos Mexicanos refiere la persistencia de la “ordeña” de ductos: de enero a noviembre de 2020 se extrajeron 777 mil litros desde tomas clandestinas. Pero de acuerdo con datos de la petrolera, el problema se agrava, debido a que la sustracción de combustibles por medio del robo a pipas y del robo a carrotanques de tren creció hasta prácticamente igualar al huachicoleo para ubicarse en 707 mil litros, en el mismo periodo de referencia.
La sustracción de combustibles ha persistido desde principios de siglo sin que gobiernos de distintos partidos hayan podido erradicarla. Se dan golpes a bandas criminales, pero no se elimina el ilícito.
En distintos análisis siempre sale a relucir el arraigo social del huachicoleo y la corrupción como factores clave del ilícito.
A pesar de que las cifras oficiales dan cuenta de que el fenómeno no disminuye, el mensaje desde el gobierno federal es que el problema prácticamente ha desaparecido o se encuentra en niveles mínimos.
La persistencia del robo de combustible en todas sus modalidades solo es, a final de cuentas, un signo de que la corrupción aún está incrustada en amplios sectores gubernamentales y que sigue siendo el principal reto a controlar.
Se requiere algo más que discursos optimistas para acabar con un añejo problema que sangra las finanzas nacionales.
