No es posible que en tres de cada diez casos de feminicidio se haya filtrado información comprometedora al exterior. Esa es justo la razón por la que, como en el caso de Abril Pérez Sagaón, los sicarios le quitaron la vida cuando se dirigía rumbo al aeropuerto de la Ciudad de México, prácticamente al salir del juzgado donde ella daba seguimiento a la denuncia que había interpuesto en contra de su marido por maltrato y tentativa de homicidio, misma que había enardecido a la opinión pública porque el hombre intentó asesinarla con un bate de beisbol mientras ella dormía. Lo peor de todo es que Abril fue ejecutada por sus asesinos mientras ese mismo día en la ciudad se celebraba una jornada de protestas contra la violencia de género.
Abril quizá aún viviría si no hubiera sido porque desde las mismas entidades encargadas de procurarle justicia y protección, se dio información de sus movimientos y horarios a las personas que terminaron por arrebatarle la existencia, en una venganza de tal saña que aún no acaba de comprenderse a cabalidad.
Además de los datos e informes que salen de las entidades encargadas de procurar justicia, se filtran también fotografías y testimonios sobre las víctimas de ataques de género que van a parar a los medios de comunicación y las redes sociales, en donde se expone sin miramientos ni respetando en ninguna forma su tragedia, en un afán de obtener retribución económica o simplemente notoriedad a partir de la exhibición de material gráfico de gran crudeza, cuya exposición en sí misma constituye una agresión más contra la dignidad de las víctimas y sus familiares, y que hace aun más tortuoso su calvario.
En casi todos los casos de filtración de información e imágenes, se hallan involucrados policías, empleados de fiscalías, ministerios públicos y personal forense que tienen contacto directo con las víctimas o con sus expedientes, traficando con datos sensibles que además de afectar el debido proceso, ponen en riesgo físico a los involucrados.
Si bien hay insistencia de las autoridades en que las mujeres deben denunciar, pero si no hay garantía de confidencialidad, eso seguramente va a desalentar a muchas de las agraviadas que pueden llegar a temer por su integridad física. Además de emplear todo el rigor de la ley contra los responsables directos de agresiones contra mujeres, también hay que dar castigo ejemplar a quienes, aprovechando su cercanía con víctimas de delitos violentos, intenten lucrar con su dolor al filtrar material sensible al exterior. Hay que alentar la procuración de justicia con respeto total a la dignidad de las personas.
