La renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por indagatorias tanto de las autoridades hacendarias de México como por ser objeto de la fiscalización emprendida desde Estados Unidos y el Reino Unido por sus actividades financieras, se puede anotar como un nuevo hito en el combate a la corrupción de la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante dos décadas, el ahora exministro transitó por la cúpula del poder y estableció alianzas con los personajes clave de los sexenios anteriores. Su paso al frente del Cisen, de la Secretaría de Seguridad Pública federal y de la Procuraduría General de la República, demostraron el nivel de confianza que se le dio durante las administraciones panistas, así como su carrera diplomática al frente de dos de las más importantes embajadas mexicanas en el extranjero: la del Reino Unido y luego la de Estados Unidos, lo que hizo que al regresar el PRI al poder con Enrique Peña Nieto, éste le confiara el más alto cargo en el poder judicial mexicano.
Ahora con esta renuncia, expertos coinciden que el proceso de selección de quien estará al frente de la Suprema Corte, pondrá a prueba al Poder Judicial y preocupa la tentación para el Presidente de la República —en quien recae la responsabilidad de proponer candidatos— de tratar de colocar a un ministro a modo, por tratarse de un hecho inédito pues desde hace más de 20 años que no se daba una situación similar. Aunque hay preocupación por que el equilibrio de poderes en México se incline ahora hacia el Ejecutivo, se ha señalado que la Suprema Corte no es ni debe ser un contrapeso del gobierno, pues el balance debe darse en el Congreso. La función de la Corte es exclusivamente la de hacer justicia y vigilar que se cumpla. Por lo mismo, el poder judicial debe pasar por designaciones pulcras de sus integrantes.
Los cambios en la conformación de los poderes mandan una señal de que para esta administración no hay ningún cargo exento de ser tocado. Ahora hay que conjurar la preocupación de la oposición de que el Presidente nombre a un tercer ministro que incline la balanza de un poder que en esencia debería ser autónomo. Resulta encomiable la demostración de que en esta gestión no hay intocables pero de igual modo hay que cuidar que la selección sea de una persona libre de partidismos tanto como sea posible, proceso para el que se requiere de la mayor prudencia y mesura, tanto del propio Presidente de la República que propondrá una terna de candidatos, como de los senadores que la aprueben. México estará pendiente.
