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Las compras que hacen los gobiernos para su operación cotidiana o para dotar de servicios a la población representan un empuje para cualquier economía. Los altos volúmenes —en México equivalen a 15% del Producto Interno Bruto— significan también la sobrevivencia para cientos de empresas, en especial, las micro y pequeñas.
A pesar de lo positivo, este proceso puede empañarse con sospechas de corrupción o de que se privilegia únicamente a un puñado de compañías.
México ha luchado por que las adquisiciones gubernamentales sean transparentes y se ajusten a las mejores prácticas internacionales. El país se encuentra en proceso de consolidar esos mecanismos, que todavía presentan fallas.
EL UNIVERSAL informa hoy que la Comisión Federal de Electricidad incurre en una presunta simulación en el uso de testigos sociales durante las licitaciones para la contratación de obra, bienes y servicios de esa empresa pública. Los testigos sociales son ciudadanos con alguna especialización que vigilan todo el proceso de la licitación en las entidades gubernamentales, con el fin de garantizar transparencia y evitar actos de corrupción.
De acuerdo con un informe del comisario de la CFE, enviado a la oficina presidencial, a la Cámara de Diputados, a la Secretaría de Energía y a la dirección de la paraestatal, la figura del testigo social es designada por un subcomité de la propia Comisión, con lo que convierte en “juez y parte en el proceso de designación del fiscalizador”.
La situación viene de antaño. En 2015, por ejemplo, la CFE anunció la licitación de 24 proyectos de infraestructura con una inversión estimada de 9 mil 836 millones dólares. La operación “se blindó” con la participación de una organización civil como testigo social, pero ahora se conoce que esta agrupación recibió poco más de 6 millones de pesos por servicios prestados a la CFE. El conflicto de interés es evidente.
En el documento se recomienda que los testigos sociales dejen de estar adscritos a una oficina de la CFE para que queden bajo la vigilancia del Consejo de Administración. Toca a la dirección de la empresa acatarla para eliminar suspicacias y hacer realidad el buen manejo de los recursos públicos.
El país se encuentra en una cruzada para eliminar de la esfera gubernamental los actos de corrupción. Informes como el citado son de utilidad para saber dónde permanecen rendijas para el eventual desvío de recursos. Es obligado hacerlos públicos, pero más obligatorio es atenderlos.
