Finalmente ayer concluyó el proceso legislativo de lo que se ostentó como el cumplimiento de una de las principales promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, que fue revertir la reforma eléctrica aprobada en la gestión de su antecesor Enrique Peña Nieto, y con la promesa de que esta contrarreforma no atenta contra la libre competencia sino solo busca regularla, al tiempo que se cancelan los subsidios establecidos desde 2013 a los productores privados.
La parte fácil ya pasó, la del proceso legislativo, toda vez que el mandatario contaba con el aval de su mayoría partidista; lo difícil viene ahora con toda la pelea legal que puede llegar a suscitarse, y más difícil aún con el cumplimiento de las expectativas, siendo la principal la generación de energía barata que permita dar precios accesibles tanto al consumidor final como a la industria nacional.
Viene también la lucha que darán los senadores de la oposición al promover una acción para alegar ante la Corte la inconstitucionalidad de la iniciativa aprobada. En el máximo tribunal hay un antecedente de un fallo contra la Ley Nahle que impugnó la Comisión Federal de Competencia Económica, y que iba en el mismo sentido de la iniciativa aprobada ayer.
Además vendrán demandas tanto de la iniciativa privada nacional como desde el exterior para las empresas extranjeras e inversionistas que se sientan afectados. Es posible también que se inconformen grandes consumidores industriales de electricidad, a quienes se les cancela la posibilidad de optar por contratar el suministro con quien les ofrezca precios y condiciones preferenciales.
A la contrarreforma eléctrica solo le falta su publicación y que se emita el decreto del Presidente, el cual, es previsible, se dará lo más pronto que pueda, pues es un tema le urgía al mandatario. Ahora vendrá su aplicación y demostrar que en realidad va a beneficiar al país.
¿Qué beneficios pueden adelantarse si la CFE produce la energía más cara y “sucia”? ¿Cuál será el costo ambiental que se pagará por la negativa gubernamental a romper la dependencia con las energías fósiles?
Sin duda priorizar la producción de energías sucias en lugar de fuentes limpias y renovables, equivale ecológicamente a darse un balazo en el pie.
Privilegiar a la CFE por encima de particulares puede parecer a primera vista un ejercicio loable de defensa de la soberanía nacional en materia energética, pero una revisión más a detalle habla de una práctica monopólica que deja fuera o aniquila toda posibilidad de modernizar la generación de energía eléctrica en el país. ¿En realidad esto es lo más sano?
