Un ambicioso plan de desarrollo inmobiliario para la capital del país, que incluye la reconversión de espacios destinados originalmente a oficinas para ser destinados a uso habitacional, así como la ampliación en el número de corredores urbanos para la construcción de vivienda nueva, es el proyecto que el gobierno de la Ciudad de México echará a andar en los próximos meses con un doble objetivo: reactivar económicamente al sector inmobiliario y de la construcción, y ayudar a paliar el problema de vivienda que se registra en el Valle de México.
El programa es plausible ya que no solo contempla aprovechar miles de metros cuadrados que estaban en desuso, desocupados o parcialmente ocupados, sino que también considera medidas de mitigación de impacto urbano como, por ejemplo, la adopción de sistemas de captación de agua de lluvia para subsanar parte de su demanda hídrica.
Por la pandemia y el confinamiento que trajo consigo, llevó a muchas empresas a reconfigurar sus formas y esquemas de trabajo, volviendo, para una buena parte del sector de los servicios, a la oficina como algo ya obsoleto, lo que inutilizó a gran parte de la oferta de espacios de oficinas.
Aún así, para los inmobiliarios que así lo deseen, podrán optar por un esquema mixto de viviendas y oficinas en sus inmuebles.
También en el plan de desarrollo urbano se debe considerar el posible impacto que tendrá la entrada en funciones del nuevo aeropuerto Felipe Ángeles en Zumpango, el cual inducirá un incremento en la demanda de espacios y terrenos para diversos usos ante el arribo masivo de pasajeros a esa zona conurbada a la gran capital, pero que a la vez podrá revertir la tendencia de abandono de vivienda en la que se encontraban múltiples desarrollos inmobiliarios de la zona y municipios aledaños, por la lejanía con las fuentes de trabajo y estudio.
Reestructurar la vivienda disponible en proyecto va a ser un motor para reactivar un sector económico que se había visto muy afectado por el parón de actividades que se dio a raíz de la pandemia, pero que también desde antes se frenó cuando se detuvieron todas las inversiones en construcción bajo el pretexto que todos los permisos hasta entonces concedidos, se habían otorgado bajo un esquema de corrupción —que hasta llevó a hablar de un cártel inmobiliario—, pero en donde en ningún caso se presentaron documentos que lo certificaran.
El sector inmobiliario debe funcionar con reglas claras, que se respeten por parte de todas las partes, incluida la gubernamental, y que se evite cualquier persecución contra quienes de buena fe apuestan por invertir en este ramo.