El caso del general Salvador Cienfuegos, acusado y detenido en Estados Unidos por su supuesta colaboración con el narcotráfico y por lavado de dinero, pero que finalmente fue liberado a poco más de un mes, sienta al menos dos precedentes: primero por la importancia del personaje (secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto) y segundo por el aparente desconocimiento que tuvieron las autoridades mexicanas sobre investigaciones que realizaba la DEA en suelo mexicano, en violación a un acuerdo binacional establecido hace casi 30 años a raíz de otro caso controvertido de incursión estadounidense en asuntos de combate al narco.
En 1992, se suscitó el caso Álvarez Machaín, a partir de que la Corte Suprema de Estados Unidos aprobó la aplicación extraterritorial de las leyes norteamericanas, cuyo primer polémico resultado fue el secuestro en territorio mexicano del médico Humberto Álvarez Machaín con fines de presentación ante la justicia estadounidense, acusado de haber participado en la tortura y muerte del agente de la DEA, Enrique Camarena, en 1985.
La incursión llevó a que el gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari amagara con dar por terminada la cooperación mexicana con la DEA, maniobra que le resultó positiva a México, pues si bien causó un conflicto diplomático en el que estuvo a punto de romperse la colaboración binacional en materia de combate al narcotráfico, una vez superado el escollo sirvió para establecer claramente cómo debía ser la relación de cooperación entre ambos países y para poner límites a la DEA.
Según el acuerdo de 1992, surgido a raíz del caso citado, la DEA debía abstenerse de ejecutar operaciones en territorio mexicano, limitándose a intercambiar información y solicitar la intervención de las autoridades mexicanas para investigar y sancionar los ilícitos que detectara, lo que ciertamente 28 años después, en este 2020 y con el caso Cienfuegos, Estados Unidos olvidó la cooperación que debe existir con su vecino del sur si lo que desea es detener el avance del narcotráfico.
Si en los 90 una medida unilateral tomada por Estados Unidos puso en riesgo, incluso al borde de la ruptura, la cooperación bilateral, casi 30 años después el caso Cienfuegos debe servir para revisar esta cooperación y recordar que existen principios que se acordaron de manera conjunta. Ojalá el incidente Cienfuegos no raspe la colaboración bilateral ni la relación México-Estados Unidos. La liberación del general es un paso positivo hacia ese objetivo.
