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La equidad de género y la inclusión han sido estandartes de los últimos gobiernos federales. Son varios años en los que los derechos de la mujer se han convertido en prioridad e incluso comienzan a tomar forma de un cambio cultural en defensa de la igualdad.
A pesar de lo anterior falta mucho camino por recorrer; hay zonas geográficas y sectores en donde aún no es una realidad. Los reclusorios son unos de ellos.
En las cárceles, el derecho a la higiene menstrual, por ejemplo, parece no existir. Cuando las mujeres presentan su periodo menstrual, las autoridades no otorgan insumos a las reclusas, quienes dependen de las visitas familiares para tener toallas o tampones o para comprarlos adentro.
Testimonios de mujeres que están o han estado en prisión refieren que cualquier pedazo de tela o hasta un calcetín sirven como protección durante la menstruación; otras señalaron que prefieren aislarse, especialmente cuando no hay agua en la cárcel.
En dependencias federales como la Secretaría de Salud o el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social no hay respuesta sobre compras de toallas sanitarias que se destinen a las cárceles femeninas, a pesar de que organizaciones internacionales como Human Rights Watch y Wash United consideran la higiene menstrual un derecho humano.
Si hay mujeres que aún sufren discriminación son aquellas que están en reclusión. Al hecho de que la mayoría de ellas no recibe visitas, hay que sumar el “olvido” de que tienen derecho a la higiene íntima; además, cuando salen de la cárcel llevan el estigma de haber estado tras las rejas.
Los esfuerzos por igualar las oportunidades entre hombres y mujeres muestran avances en distintos aspectos de la vida: laboral, escolar, política… pero las señales que se perciben desde las cárceles indican que dentro de ellas aún prevalecen rezagos.
Cuando se menciona que se busca hacer de la igualdad de género una realidad, no es raro que se conozcan casos donde la equidad aún no llega; suele ocurrir en los sitios marginados del país. Las cárceles, sin embargo, se encuentran ubicadas en grandes centros urbanos. El Estado puede poner una solución inmediata al descuido que se presenta en los centros de readaptación, bastará que haya un poco de voluntad para lograrlo.