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La investigación que concluyó la Secretaría de la Función Pública sobre denuncias de actividades irregulares en la administración del puerto de Manzanillo, Colima, efectuadas en el sexenio anterior, revela que en el manejo del puerto se estableció una red de corrupción que favorecía a empresas vinculadas con los funcionarios encargados de administrarlo. Se encontró que contratos de cesión de derechos se otorgaban sin consultarlo al Consejo de Administración. En una de estas operaciones fueron beneficiados familiares cercanos del actual gobernador de Colima, y por las que el director general de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo se separó de su cargo justo hace un año. No obstante, la SFP ha clasificado como “no grave” la actuación del extitular.
El presidente López Obrador señaló hace unos días que la corrupción en puertos se da en dos frentes: o los funcionarios están coludidos directamente en los malos manejos o toleraban, encubrían o eran negligentes para actuar cuando se les reportaban actos fraudulentos. En esa misma ocasión acusó que en dos puertos del Golfo de México (Tuxpan y Tampico) se efectuaba huachicoleo institucional o robo de contenido de embarcaciones de Pemex encargadas de transportar combustible de importación, con colusión entre personal de la paraestatal y autoridades portuarias, sobre los que actualmente hay otra investigación en curso. En tanto, en diversos puertos del Pacífico se ha detectado entrada de precursores de droga provenientes de Asia, específicamente fentanilo, con conocimiento de las autoridades a cargo.
Asimismo dejó ver que las corruptelas generaron en el pasado desencuentros y roces entre las secretarías de Comunicaciones y Transportes, con la de Marina, pero que en la administración actual han quedado ya subsanados, por lo que presentó una iniciativa para que la Marina sea la que tome el control de los puertos del país en sustitución de la SCT.
Al ser los puertos del país áreas sensibles y estratégicas para la nación, es de suma importancia que se ejerza especial vigilancia sobre su operación y no se permita que se den actos de corrupción como los mencionados, y que a todas luces operan a diversos niveles, desde la que efectúan los funcionarios que aprovechan su posición para beneficiar negocios particulares, hasta actos más graves como los relativos a narcotráfico, contrabando y robo de combustible a gran escala. Es tiempo de llevar las actividades marítimas a buen puerto y por aguas no contaminadas.
