Es de dudarse que el presidente de la República haya solicitado se le hiciera una campaña favorable encaminada a obtener la aprobación popular hacia su gestión en el gobierno, pero sí es altamente probable que detrás de los espectaculares, lonas y pintas en bardas esté gente de su partido o del aparato gubernamental.
Esta propaganda, cuya presencia ha sido reportada en 20 entidades, constituye una violación a la ley electoral. Un elemento relevante es que se trata de una discusión que no es nueva, pues después de la elección tan cerrada y polémica que hubo en 2006, se modificó la ley electoral para blindar los procesos y comicios y que ya no se pueda intervenir, opinar o anunciar, lo cual puede inducir el resultado de los procesos de elección.
Quienes han puesto todas esas restricciones han sido los propios partidos políticos, los mismos que son ahora los que ni las acatan ni las cumplen, pues parecen haberse dado cuenta de lo restrictivas que son las leyes que ellos mismos impulsaron en su momento, y que ahora mediante decretos, buscan revertir los candados existentes para promover la revocación de mandato con un resultado favorable para el presidente López Obrador.
Por lo general las leyes no son retroactivas, y este decretazo no debiera serlo, por eso la oposición está amagando con llevar las cosas ante la Corte. Y seguramente de hacerlo, contaría con todas las posibilidades de ganar, pero por el tiempo que llevarían los juicios y procesos, esta consulta de revocación de mandato quedará ya fuera de su alcance.
En el espíritu de la consulta, lo correcto sería que no involucrara a los partidos, pues lo que se está sometiendo a aprobación no es un cargo de elección popular sino un mecanismo de acción popular que sancione resultados de un mal gobierno.
Por lo mismo no se debe inducir la respuesta que debe dar la gente, ya que reside precisamente en los ciudadanos la capacidad de decidir, con base en la actuación buena o mala de sus gobernantes, si se desea que continúen en sus cargos o es necesario remplazarlos; de otro modo el ejercicio se convierte en simple ratificación de popularidad. Además, el Presidente debe ser el primero en abstenerse de hacer propaganda, de presumir o de atribuirse logros, en un afán de continuar en el puesto que él mismo ha propuesto dejar si sus gobernados consideran que no ha dado los resultados que de él se esperaban.