La vulnerabilidad de México que se manifiesta cada vez mayor ante los efectos adversos del cambio climático, así como por el azote de epidemias que se prevé que se darán con mayor frecuencia en el futuro, está haciendo redimensionar la interacción de los mexicanos con las compañías de seguros, en especial tras la desaparición o debilitamiento de los esquemas gubernamentales para la atención de desastres.
Hay cierta cultura en México que dicta que si se pierde algo en una inundación o en cualquier otro desastre natural, se debe entender que es obligación del gobierno pagar y restituir los bienes o, en su defecto, reubicar a las víctimas en otro lugar y encargarse de dotarles de un hogar. Si bien el Estado debe cuidar a sus miembros más vulnerables, también hay que reconocer que una parte de la idiosincracia mexicana minimiza el papel de la responsabilidad individual sobre los bienes que cada quien posee.
Por ello es que, en otros países, es requisito contratar un seguro que cubra los posibles daños ante eventos que, sabemos de antemano, ocurren cada año. Esperar que el gobierno pague por cada árbol caído sobre un auto o por haber construido una casa al borde de un río, es restar responsabilidad a ciudadanos que deben asumir los riesgos que, de antemano, decidieron tomar.
Si bien se espera que ante situaciones de emergencia las autoridades hagan todo lo posible por salvar vidas y los bienes de las personas en momentos de crisis, debe dibujarse una clara línea divisoria entre lo que corresponde al gobierno hacer y la obligación de cuidar el patrimonio privado.
Es necesario que para contrarrestar la idiosincracia mexicana de la falta de previsión, nutramos una cultura de la responsabilidad ciudadana, que incluya tomar consciencia de los riesgos y acatar las reglas de protección civil.
Si se lograra instituir y generalizar esta cultura de la previsión y la responsabilidad, colectivamente se podría acceder a esquemas de subsidios, paquetes de amplia cobertura u otros esquemas de aseguramiento colectivo como el que opera con los autos particulares en algunas entidades.
El papel fundamental de los gobiernos es proteger a sus ciudadanos y proveerles de un piso parejo para que desarrollen su potencial humano y bienestar. Parte de esa función incluye no asumir un rol paternal que es muy redituable políticamente, pero poco eficiente para la prosperidad colectiva.