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En 2019 los grupos del crimen organizado incurrieron en acciones que probablemente se habían visto antes de manera ocasional, pero el año pasado formaron parte de una serie de eventos casi consecutivos que únicamente sirvieron para confirmar su poder de acción y el nivel de impunidad.
En ese rubro se encuentran tres hechos destacados: la violencia desatada en calles de Culiacán para liberar a uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, que había sido detenido por el Ejército; la masacre de tres mujeres y seis niños pertenecientes a la familia LeBarón, en Sonora, y la incursión de integrantes de bandas del narcotráfico en la localidad de Villa Unión, Chihuahua, que dejó 22 muertos.
A nivel nacional esos hechos desencadenaron una ola de críticas por la falta de resultados de la administración federal para contener, indagar y castigar la violencia. A nivel internacional se generó una preocupación por la situación en el país. Una nueva versión de ese temor se registra hoy en el informe de la organización ACLED sobre los 10 conflictos más preocupantes en 2020, que publica EL UNIVERSAL.
La agrupación estudia conflictos armados alrededor del mundo y es financiada por el Ministerio de Exteriores de Países Bajos y la Oficina Federal de Exteriores de Alemania, entre otras instancias. Sus reportes son usados como referente por instituciones académicas, centros de investigación y actores globales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y el Comité Internacional de la Cruz Roja.
En su estudio más reciente la asociación alerta sobre el riesgo de que los cárteles de la droga se transformen en organizaciones insurgentes. “El débil aparato de seguridad, aunado a la fragmentación de los grupos armados, indica que el conflicto continuará extendiéndose e intensificándose en 2020, con la posibilidad de que se convierta en una insurgencia”.
¿Es desmesurado el informe? Muchos podrían considerarlo así, pero no hay que olvidar que en varios municipios del país el crimen organizado impone candidatos o elimina a los que no se alinean. En numerosas localidades se ha vuelto un efectivo cobrador de impuestos, por medio de la extorsión. Además, en ciudades importantes los medios han eliminado información sobre la actividad de esos grupos, porque así lo ha exigido el crimen.
Para ACLED, la violencia estructural requiere respuestas a largo plazo, como el fortalecimiento de la policía, la justicia y los sistemas penitenciarios. Un planteamiento nada nuevo. Expertos llevan años insistiendo en ello. Por el bienestar de amplias regiones del país, ojalá la autoridad retome algunos puntos del estudio.
