Aunque para el gobierno federal la inseguridad es el desafío principal a resolver, hay un sector que en nueve meses ha desencadenado al menos once situaciones de reclamos, marchas y protestas por fallas en la atención a la ciudadanía.

Debido a errores atribuibles a cambios de estrategia en su operación cotidiana, el sector salud ha tenido tropiezos que pudieron haberse evitado con la realización de diagnósticos sobre la forma en que afectarían las modificaciones.

Retraso en pagos a médicos residentes, falta de medicamentos para pacientes con VIH o para niños con cáncer, escasez de recursos para la operación de institutos nacionales de salud, desabasto de medicamentos en clínicas e incluso la dimisión del director del IMSS son algunos de los asuntos que han puesto al sector salud en el ojo del huracán en lo que va del gobierno.

No se trata de una consecuencia por la falta de recursos, pues este año el presupuesto para la Secretaría de Salud, por ejemplo, es 652 millones de pesos mayor al ejercido en 2018, sino de la forma en que se están atendiendo las problemáticas, además de que se busca generar ahorros. Ha sido el retraso en los procesos y la contención del gasto lo que ha complicado la atención oportuna a los usuarios

Se faltaría a la verdad si se afirmara que en el pasado la atención en el sector salud cumplía de manera completa en cuestión de calidad y oportunidad, pero las deficiencias de entonces no llevaban a la movilización de amplios grupos de personas por considerar que sus vidas estaban en riesgo, como ha sido el caso de los portadores de VIH y de los menores que enfrentan el cáncer.

Hasta ahora gobierno y usuarios parecen estar ingresando en un ciclo vicioso en el que el problema no se atiende al producirse las primeras señales, sino cuando los afectados organizan movilizaciones, cierran avenidas o atraen el interés de la opinión pública. En ese momento viene una primera reacción oficial de negar o minimizar el tema para luego corregir y afirmar que se enderezará la ruta.

A funcionarios del sector salud les serviría más colocarse en los zapatos de los pacientes que hacer descalificaciones a priori. Los usuarios de los distintos servicios de salud no tendrían por qué seguir sufriendo un trato de desdén. Nueve meses deberían ser suficientes para haber superado la curva de aprendizaje.

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