Read in English
Cuando se genera un delito de alto impacto social y mediático, como los recientes casos de los feminicidios de Ingrid Escamilla y la niña Fátima, ciertos sectores de la sociedad inmediatamente alzan sus voces para exigir se establezca la pena de muerte para esos delitos, a fin de que la sanción aplicada siente un precedente y sirva de escarmiento y advertencia para otros potenciales delincuentes que planeen incurrir en actos similares.
En esta ocasión y atendiendo a la exigencia de los colectivos feministas, legisladores de los partidos Verde Ecologista y del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) hablan de instaurar la pena de muerte para castigar a los violadores, feminicidas y en homicidios dolosos cuando sean contra menores, lo que se une a las voces que han clamado por la adopción de la castración química para quienes incurran en abuso sexual de infantes.
Y es que estas exigencias nacen al calor de la percepción popular de que la prisión no es suficiente castigo para el criminal que ha dispuesto de la vida de una mujer o una niña, sintiendo que incluso se le premia al delincuente asegurándole su manutención vitalicia, aunado a la idea bastante extendida de que quien entra a un reclusorio por un delito, sale especializado en muchos otros tantos más. Aún más, aseguran que eliminando a un violador o feminicida específico, se conjura el peligro que esa persona en concreto vuelva a delinquir, teniendo en mente lo que hace poco aseguraba el asesino serial de mujeres, bautizado por la prensa como “El monstruo de Ecatepec”, que si volvía a quedar libre, reincidiría en los feminicidios.
Proscrita constitucionalmente desde 2005, la pena de muerte —que anteriormente se reservaba para delitos de traición a la patria— requeriría, para su reinstauración, modificar nuevamente el marco jurídico. A decir de los legisladores que la impulsan, el incremento en años de prisión o incluso la cadena perpetua para violadores y feminicidas, no han repercutido en una reducción de los casos sino que por el contrario se ha visto un lamentable repunte.
Pero lo cierto es que en el caso de la pena de muerte se ha demostrado que tampoco inhibe la conducta criminal. Como ejemplo, las naciones que tienen instaurado ese castigo, siguen manteniendo los mismos niveles de homicidios o incluso se les han incrementado, por lo que la pena de muerte no parece actuar como disuasivo de la comisión de delitos. Lo que sí es un hecho es que la pena de muerte es una medida populista. Más bien se debe exigir una revisión al aparato judicial, el sistema penal o las fiscalías, antes de proponer medidas destinadas no a reducir el delito, sino a generar una falsa empatía y a promover el revanchismo del ojo por ojo y diente por diente.
