Una vertiente más de la violencia de género denunciada por las mujeres es la de la discriminación política, en la que por prejuicios aún no del todo claros, a las mujeres afiliadas a partidos políticos se les margina de participar en la contienda a puestos de elección popular.
Denuncian que la política es vista tradicionalmente como una arena casi exclusiva de hombres y que para el siguiente año, de los poco más de 20 mil cargos de elección popular que habrán de ser renovados, la participación femenina se ha visto sumamente reducida.
Por ello es que con miras a una participación más equitativa, el Instituto Nacional Electoral aprobó un dictamen por el cual los partidos políticos deberán postular para las 15 gubernaturas que estarán en juego en 2021, por lo menos siete candidaturas de mujeres a esos puestos.
Desde las organizaciones políticas, ellas piden competir en igualdad de condiciones que los hombres, a la vez de estar vigilantes de que no se les pongan obstáculos en ninguna etapa del proceso hacia su postulación o durante la campaña misma.
Las integrantes de prácticamente todas las organizaciones políticas han denunciado que incluso desde las dirigencias de sus partidos no las han escuchado y que persiste la inercia de elegir más hombres que mujeres para cargos de elección en urnas. Para combatir esta costumbre, ellas no solo piden la paridad por mero trámite, sino que para que también haya más interesadas en contender por cargos con reconocimiento público, cada partido implemente formación de cuadros y trabajo político pensados desde la perspectiva femenina.
Si en el pasado las mujeres debieron luchar por su derecho al voto, en este siglo les corresponde el defender su derecho a ser lanzadas como candidatas y ser electas. Si bien ya son numerosas las mujeres que han ocupado o están actualmente ejerciendo cargos para los que fueron elegidas en las urnas, se debe tener en cuenta que aún así siguen constituyendo una excepción y no una norma.
Las mujeres han demostrado que son igual de aptas que los hombres para ocupar cargos de elección popular, y que incluso son más responsables y menos proclives que sus contrapartes masculinas a abusar del poder o servirse de él. Y esta percepción también expandirse hacia el electorado, eliminando los prejuicios que pueda haber entre la población masculina e incluso parte de la femenina, de que una mujer no está capacitada o no cuenta con el carácter necesario para ocupar un puesto de alta responsabilidad. Es hora de revertir esta mentalidad.
