El gobierno promete acabar en definitiva con el desabasto de medicamentos en el país a través de la compra consolidada de medicinas en el exterior con ayuda y supervisión de la ONU, todo a través de la intermediación del embajador de México ante el organismo, Juan Ramón de la Fuente. Asimismo, se reitera el compromiso de ofrecer medicamentos gratuitos a la población, aunque aún no se aclaran los mecanismos por medio de los cuales se haría llegar este beneficio a los habitantes ni si será extensivo a todos los estratos poblacionales.
Reconocer finalmente el problema, tantas veces negado, puede representar ahora sí la solución final a la falta de medicinas que de tiempo atrás viene aquejando a usuarios de las instituciones públicas de salud. Es una oportunidad de acabar con la corrupción en el sector, aunque también es una realidad que ya no se puede culpar a gobiernos anteriores del desabasto o de todas las irregularidades en el suministro.
Sin embargo, a la vez que hizo este anuncio, también amenazó que mientras persistan las prácticas de corrupción, el gobierno no compraría a fabricantes ni distribuidores nacionales, pues planea cubrir hasta el 80% de sus necesidades con las importaciones anunciadas.
Lo anterior por un lado da un mismo trato de fraudulentas por igual a todas las empresas del sector, y por otro, constituye un severo golpe a los hogares de trabajadores mexicanos que laboran en esa industria, lo que una vez conducirá a incrementar más el desempleo en momentos en que se deben cuidar al máximo las fuentes formales de trabajo.
Combatir, sí, las prácticas fraudulentas entre los proveedores de medicinas para el sector salud e involucrar agencias de la ONU debe ser garantía de que se acabará la corrupción, pero debe considerarse que traer medicamentos del exterior influirá de manera negativa en la industria farmacéutica nacional, quizá incluso con el cierre de algunas empresas del sector, que dependen en gran medida o exclusivamente de las compras del gobierno.
Igual que como debe suceder en otros ámbitos en los que se han detectado prácticas abusivas, se debe revisar caso por caso y precisar las empresas que han caído en corrupción para cancelarles cualquier contrato o convenio establecido, pero en ningún modo satanizar a todo un sector y privar a las farmacéuticas nacionales de la posibilidad de cubrir el espacio dejado por sus colegas de mal comportamiento, aduciendo que las compañías extranjeras podrán hacerlo mejor. Son tiempos de proteger el empleo.
