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Muchos jóvenes mexicanos tienen frente a sí un panorama desalentador: escasas posibilidades de contar con estudios universitarios, de tener acceso a un empleo bien pagado, de capacitarse para emprender algún proyecto, incluso de practicar algún deporte en instalaciones adecuadas.
Al gris escenario se añade un dato más estremecedor para este sector de la población: en algunas entidades la probabilidad de ser asesinado es hasta cuatro veces mayor que el promedio nacional. En 2017, por ejemplo, la tasa nacional de homicidios fue de 21 por cada 100 mil jóvenes, pero en Colima el índice se disparó a 88 asesinatos por cada 100 mil. El grupo de 20 a 24 años de edad es uno de los más golpeados en todo el país; del total de asesinatos cometidos el año pasado, 40% se concentró en ese rango.
¿Será de utilidad entregar un apoyo mensual y una capacitación laboral durante un año para que la situación comience a cambiar para miles de jóvenes en el país?
No todo se resuelve con un empleo. Datos de Inegi del primer trimestre de 2019 indican que ocho de cada 10 jóvenes ganan un máximo de tres salarios mínimos o menos, 9 mil 241 pesos mensuales, un gran porcentaje además se emplea en puestos sin prestaciones laborales.
Expertos cuestionan ese tipo de apoyos, pues afirman que es poco probable que la totalidad de los beneficiarios tengan el potencial de convertirse en victimarios. Consideran necesario focalizar más la ayuda y señalan que los sitios de riesgo están bien definidos. En 2018 Colima, Quintana Roo y Guanajuato tuvieron las mayores cifras de jóvenes asesinados.
La razón de que miles de jóvenes mexicanos ingresen a las filas de la delincuencia es consecuencia directa de la falta de atención de autoridades locales y federales. El perfil de quienes requieren de políticas de atención pública es claro. Se trata de jóvenes que abandonaron los estudios —secundaria, preparatoria— y carecen de la preparación para concursar por un puesto laboral.
Cada muchacho asesinado —5 mil en promedio cada año— es evidencia de que el país está fallando en generar alternativas tanto laborales como educativas. Antes de que los jóvenes desviaran su camino no se escondieron, aunque nadie se interesó en tender una mano. Se puede hacer mucho para corregir la incidencia homicida, pero hasta ahora no se ha visto la conjunción de esfuerzos para ello. La responsabilidad es compartida: desde la autoridad municipal y estatal hasta la federal. ¿Hasta cuándo?
