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Los médicos del Sistema Nacional de Salud tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia, a excusarse de participar en la prestación de servicios o de cooperar en prácticas o tratamientos si se contraponen con sus valores o principios éticos.
Toda mujer que ha sido víctima de violación sexual tiene el derecho de acudir a cualquier institución médica para solicitar que se le practique un aborto legal, gratuito y seguro sin que sea necesario haber presentado la denuncia.
¿Qué ocurre si esos dos derechos se enfrentan en algún momento? La Ley General de Salud establece lo procedente: “Cuando se ponga en riesgo la vida del paciente o se trate de una urgencia médica, no podrá invocarse la objeción de conciencia. En caso contrario se incurrirá en la causal de responsabilidad profesional.”
De acuerdo con la Norma 046 expedida por la Secretaría de Salud, el Estado tiene la responsabilidad de contar con más personal médico debidamente entrenado en la interrupción ilegal del embarazo, si se presenta la objeción de conciencia, aunque no siempre ocurre así.
El año pasado Fabiola descubrió que su hija fue violada por su padrastro y había quedado embarazada. En el Hospital General de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, un ginecólogo se negó a interrumpir el embarazo de la menor porque esa práctica va en contrasentido de sus valroes morales y creencias religiosas.
Desde hace años el país ha dado importantes pasos legales para proteger a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, pero el desconocimiento de la ley, así como las resistencias de algunos sectores ocasiona que en pocos casos las mujeres ejerzan el derecho a interrumpir el embarazo producto de una violación. Este lunes EL UNIVERSAL informó que de 2016 a 2019 se presentaron casi 60 mil denuncias por violación simple y equiparada, pero en el mismo lapso únicamente 422 mujeres solicitaron el apoyo del Estado para interrumpir el embarazo. Para expertos, la relación entre agresiones y peticiones para realizar un aborto legal no parece lógica.
De poco le sirve al país tener leyes que protejan a las mujeres, si éstas desconocen su existencia. Autoridades tienen aún retos importantes para cumplir el objetivo principal: normalizar la violencia contra la mujer. La ruta para ejercer un derecho nunca debe ser tortuoso.
