Luego de la amenaza del bloque legislativo opositor de no dar un solo voto a favor de la reforma eléctrica, se prepara una estrategia más agresiva del oficialismo para lograr el apoyo y la presión popular para que sea aceptada la propuesta y revertir la reforma aprobada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, así como incluir otros cambios para limitar lo más posible la participación de particulares y empresas extranjeras en el sector.
Mientras hay advertencias de analistas internacionales en el sentido de que la política energética del actual gobierno mexicano podría provocar un aumento de hasta 25% en las emisiones contaminantes de nuestro país para el año 2030, en la nación se prepara una guerra mediática en la que se apelará al nacionalismo en defensa del sector eléctrico de quienes desde el extranjero o la iniciativa privada intervienen en la generación de electricidad en México.
Para este fin se acudirá al lanzamiento de una campaña intensiva en medios de comunicación y redes sociales exponiendo los beneficios de la reforma eléctrica de la 4T y haciendo hincapié en que son los enemigos del pueblo quienes se oponen al cambio. En este sentido incluso se podría echar mano de una estrategia de convencimiento casa por casa a fin de contar con el aval de la población.
El núcleo de la defensa del sector eléctrico será, como ya lo adelantó el presidente López Obrador, sembrar la idea entre los mexicanos de que los legisladores que lleguen a votar en contra están del lado del neoliberalismo, son cómplices del salinismo y del conservadurismo.
El mandatario ha dicho que la oposición tiene la oportunidad de ir con el pueblo y no con los beneficiarios del neoliberalismo, citando resultados de encuestas en las que se afirma que la mayor parte de los gobernados aprueba que se realicen los cambios propuestos por la 4T en el sector eléctrico.
Pero no debería tratar de satanizar al que solo expresa su desacuerdo. Se deberían escuchar a todas las voces y analizar, sin descalificar, los argumentos que se exponen en contra de una reforma eléctrica para llegar a un consenso y un equilibrio que busque satisfacer a todas las partes, para que el ruido político no interfiera en la verdadera discusión que tiene que haber sobre la relevancia y la pertinencia de efectuar cambios, pues debe haber negociaciones, consensos y sobre todo flexibilidad entre todas las partes involucradas.