Parecía una burla que el mismo día en que en el país se efectuaban multitudinarias movilizaciones en protesta contra la violencia de género —y en lo más álgido del movimiento feminista—, Abril Cecilia Pérez Sagaón era asesinada a tiros por dos sicarios a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon a través de la ventana del vehículo en el que se desplazaba con su hijo por el sur de la Ciudad de México. Tiempo atrás, Abril había interpuesto varias denuncias contra su expareja por violencia y amenazas, la más grave de ellas un ataque con un bat de beisbol mientras dormía. Todo apunta a que su exesposo fue quien ordenó su muerte, sospecha que parece confirmarse con su ausencia del país y su huida hacia Estados Unidos, donde ha sido localizado. Desafortunadamente su caso es tan sólo uno de los más mediáticos y representativos, pero muy lejos de ser el único o constituir un hecho aislado.
Todavía hace algunas décadas los casos de violencia intrafamiliar se callaban y debían quedar en la esfera de lo privado, recomendándose a quienes los atestiguaban o sabían de la existencia de tales actos, que se abstuvieran de intervenir o de darlos a conocer sin haberlo consultado primero con los involucrados directos. Cuando algunos de estos sucesos eran expuestos ante las autoridades por terceros, en especial por aquellos ajenos a la familia en la que se daban los actos de violencia, solían llevarse una severa reprimenda por parte de jueces y agentes del Ministerio Público, por inmiscuirse “en lo que no les interesaba o les afectaba”, llevándose además el consejo de que se interesaran por sus propios asuntos y dejaran a las parejas resolver solas sus problemas. Incluso en muchos casos, el que hubiera un acta de matrimonio de por medio en una pareja, actuaba como patente de corso para que un marido atentara contra su esposa de la manera que considerara pertinente, justificando agresiones como recursos para “dar una lección” o un castigo por conductas de su cónyuge que no fueran de acuerdo a su parecer.
Las fiscalías y agencias de seguridad del país siguen desestimando las denuncias de violencia de género e intrafamiliar, así como por acoso; en no pocos casos, se culpabiliza a la víctima por la situación en la que se halla y, si ha perdido la vida, se llega al extremo de asentar que se trató de un suicidio para cerrar rápidamente el caso y desahogar la carga de trabajo en juzgados y dependencias policiacas.
Es tiempo de que se enfoque toda la atención en los protocolos de actuación para la investigación de feminicidios, así como en la atención de casos de violencia conyugal o familiar. Las mujeres lo demandan y la sociedad toda espera justicia.
