Los recursos con los que cuentan los narcotraficantes son múltiples, y cuanta más estricta sea la vigilancia, para los introductores de esas materias y sustancias prohibidas se convierte en un reto que detona su ingenio e inventiva para hacerlo tanto por tierra, mar o aire.

Haciendo lo mismo uso de variadas formas de esconder las mercancías en el interior o exterior de las embarcaciones, que empleando rudimentarios submarinos o ahora hasta con el inédito robo de aviones para tal fin, son las opciones que están siendo exploradas por los narcotraficantes para el trasiego de drogas y otras sustancias ilícitas.

Para asegurarse que las cargas procedentes de América del Sur no sean interceptadas o decomisadas, el narcotráfico mexicano ha extendido sus redes hasta infiltrar 6 de los 102 puertos comerciales del país. Llama la atención que se trata de instalaciones estratégicas y de gran movimiento mercantil, la mayor parte de éstas concentradas en el océano Pacífico y solo una en la costa del Golfo de México.

El brazo del narco también ha mostrado su decisión de tomar control de rutas de trasiego en el espacio aéreo, ya no limitándose como hasta hace poco al empleo de pequeñas avionetas, sino como se vio la semana pasada, al robo de aerojets para hacer sus operaciones de traslado por aire.

Esta última alerta ha sido dada por el ejército de Guatemala, que tanto en su nación como en la vecina Honduras se advirtió de un notorio incremento de actividades de transporte de drogas por el espacio aéreo centroamericano y la multiplicación de pistas clandestinas de aterrizaje en el istmo.

Según lo informaron autoridades militares guatemaltecas, los cárteles reciben la droga en ese país y la introducen por vía terrestre a México con rumbo hacia Estados Unidos, a veces con la complicidad de los agentes fronterizos.

Ahora que está a discusión la reforma para darle a la Marina el control de los puertos, los legisladores deben considerar también la supervisión del personal naval para que no vuelvan a cometerse errores del pasado y la corrupción vuelva a implantarse en los nuevos administradores portuarios.

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