Read in English
Es preocupante que del total de denuncias que recibe el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred) de la Ciudad de México, el doble hayan sido levantadas por mujeres por actos discriminatorios en su contra. El año pasado, por cada una que fue puesta ante las autoridades por un hombre, llegaron en promedio dos mujeres a hacer lo propio, pues estas últimas iniciaron 229 quejas durante 2019, mientras que los denunciantes masculinos se limitaron a solo 115.
De entre todos los causales de discriminación que atendió la Copred, el más frecuente fue el despido por embarazo, que representó más de una quinta parte de las quejas recibidas, seguido de rechazo por condiciones de salud y discapacidad. Llama la atención que la cuarta causa de discriminación en cuanto a frecuencia fue la de género, con un elevado 8.8% de mujeres rechazadas por el simple hecho de serlo, en un momento que se enarbola la equidad de género como bandera tanto de políticos como de empresas y organizaciones sociales, y en lo más climático del movimiento feminista. De hecho, según sus cifras, los actos discriminatorios por causa de género se incrementaron 0.59% con respecto a 2018.
En orden descendiente, se discriminó también por comportamiento, por identidad de género, por orientación sexual, por condición jurídica, por apariencia física y por edad. Llama la atención que no hubiera discriminación por condición económica, por origen étnico o por ideología política o religiosa, tal vez porque en estos casos quienes la sufrieron se abstuvieron o no consideraron necesario denunciar.
Si bien la Copred no tiene facultades para sancionar y su carácter es más bien conciliatorio, sí puede emitir recomendaciones y generar un historial negativo contra aquellas personas, empresas, instituciones y organizaciones que hayan actuado de forma discriminatoria contra algún individuo, generando un antecedente que a futuro pudiera ser un obstáculo para el denunciado, especialmente si buscara ser proveedor para el gobierno. Agravante en estos casos es que la parte acusada se hubiera negado a comparecer a una junta conciliatoria o desatendido un citatorio.
Si bien muchos de los actos discriminatorios se efectúan en el ámbito laboral, son casos que son atendidos por las juntas locales de Conciliación y Arbitraje, que sí tiene facultades para sancionar, pero es necesario que tanto laboral como civilmente se refuerce la vigilancia contra la discriminación, así como las sanciones contra quienes promuevan y fomenten el rechazo.
