Read in English
En algunos estados de la República, basta verse implicado en un caso de feminicidio para recibir prisión preventiva oficiosa, medida que antes no se aplicaba a un presunto culpable hasta ser sentenciado —aun cuando hubiera todos los señalamientos e indicios en su contra— pues hasta entonces se argumentaba que de lo contrario se vulneraba el principio de presunción de inocencia, según el cual todo individuo presentado ante la justicia por la comisión de un delito, se consideraba inocente hasta que se demostrara lo contrario. Ahora, la adopción de la prisión preventiva se rige bajo el argumento de evitar la evasión de la persona acusada de feminicida y prevenir no solo que eluda la acción de la justicia, sino que cobre más víctimas.
No obstante el endurecimiento de los castigos, no ha bajado el índice de feminicidios en los estados en los que se ha aplicado, como lo demuestran las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), sino que por el contrario se han mantenido iguales y en algunos casos hasta se han incrementado.
Estudios internacionales demuestran que incrementar penas, fianzas, años de reclusión o incluso segar la vida de un acusado son medidas que no funcionan para inhibir delitos graves como el feminicidio, así que los legisladores y los partidos políticos no deberían invertir tiempo en analizar y discutir medidas meramente cosméticas que está más que comprobado que no disuaden el crimen y con las que se corre el riesgo, como es el caso de la pena de muerte, que se le pudiera aplicar a una persona inocente que hubiera estado presente en el momento y lugar inadecuados.
En una de sus columnas publicadas en este diario, el experto en seguridad, Alejandro Hope, precisa que la solución al problema de una criminalidad que no se siente intimidada por un recrudecimiento de las penas, es “una política explícita y focalizada de reducción de la violencia letal que convierta al homicidio en un delito poco frecuente, siempre investigado y habitualmente castigado”.
Pero cuando la impunidad es generalizada, cuando es muy poco probable que se aprehenda y se presente al responsable ante la justicia, no importa que se endurezcan las penas, que se amplíen los años de condena o incluso, como lo han propuesto algunas organizaciones y partidos políticos, si se adoptara la pena de muerte para feminicidios o delitos cometidos con extrema violencia, tampoco se incidiría en la comisión de los mismos o se reflejaría en una reducción palpable en su frecuencia. Entonces lo primero que hay que combatir es la impunidad.
