Se dice que el destino de quienes tuvieron una muerte violenta es que se conviertan en almas en pena, pero parece que en México quienes son condenados a penar son en realidad los deudos y personas allegadas de quienes desaparecieron intempestivamente, sin dejar un rastro de su paradero o siquiera un cuerpo al cual sepultar y devolver parte de la tranquilidad y resignación a sus familias.
En el norte del país han llamado la atención de su labor las Madres Buscadoras de Sonora, mujeres a quienes les fue arrebatado un hijo, una hija, un padre o un cónyuge, y que mantienen la esperanza de poder regresar con ellos a casa, ya sea vivos o muertos, pero por lo menos con el descanso de saber cuál fue su último destino.
Saben que si ellas no los buscan, nadie más lo hará, ni siquiera el gobierno que se dice estar del lado de los necesitados pero que a ellas las ignora en su batalla de salir cada día a preguntar, a indagar, a escarbar, a seguir a veces falsas pistas, informes inciertos, confusiones y mil obstáculos a los que ahora se han venido a sumar los insultos, las amenazas y los ataques directos, a veces con consecuencias fatales como le sucedió a Aranza Ramos, asesinada el pasado 15 de julio en Guaymas, Sonora, tras haber sido objeto de intimidaciones por persistir en la búsqueda de su esposo desaparecido.
La de estos colectivos de madres y familiares de desaparecidos es una lucha que se viene realizando en varios frentes y que es un trabajo que le correspondería realizar al Estado, y en el que han comenzado a vivir a dos fuegos, el de la indiferencia o descalificación de las autoridades y el de las agresiones de los grupos criminales.
Los desaparecidos y las familias que los buscan pertenecen a uno de esos grandes grupos despreciados por este gobierno, que ni siquiera ha designado un titular para la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, tras más de un año que ésta quedara vacante por la renuncia de Mara Gómez, a quien no se le ha buscado un reemplazo.
A una entidad tan esencial en estos tiempos tan convulsos como lo es la Comisión de Víctimas, lejos de potencializársele para que efectuara sin reparos ni obstáculos su labor, por el contrario comenzó por reducírsele el presupuesto, lo que motivó la salida de su titular, dejando un vacío para el que parece no haber preocupación ni interés desde el gobierno federal por restituirle la plenitud de sus funciones.
En tanto, las madres siguen haciendo la labor que le correspondería a las instituciones del Estado y gracias a su esfuerzo unos 300 desaparecidos han sido encontrados con vida, de otros 500 pudo hallarse sus cuerpos y se detectaron más de 300 fosas clandestinas. Ellas ponen el ejemplo de tesón pese a las amenazas de muerte que tienen sobre sus espaldas.