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Investigado por dar protección al Chapo a cambio de millonarios sobornos que lo hicieron cómplice, a los ojos de la justicia estadounidense, de participar en la cadena de tráfico de drogas hacia el territorio norteamericano, la detención en Dallas, Texas, de Genaro García Luna, hombre clave en el gobierno de Felipe Calderón, por acusaciones por conspiración en tráfico de drogas y falsedad en declaraciones, constituye el más fuerte cuestionamiento a la guerra contra el crimen organizado emprendida por el polémico expresidente panista.
Preocupante que se conozcan tales acusaciones precisamente de la persona que tuvo su paso por instancias tan delicadas como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Secretaría de Seguridad Pública. De hecho, algunas versiones señalan que García Luna estaría detrás del reposicionamiento de Joaquín Guzmán Loera en el negocio del narcotráfico tras su inesperada primera fuga del Penal de Puente Grande, en Jalisco, en 2001, durante el gobierno de Vicente Fox. El líder del cártel de Sinaloa estuvo fuera del alcance de la justicia justamente durante las administraciones panistas hasta ser reaprehendido en 2014, en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
Hace poco más de un año y en el marco del juicio al Chapo Guzmán en Estados Unidos, el también narcotraficante Jesús “El Rey” Zambada aseguró haber entregado a García Luna más de seis millones de dólares por concepto de sobornos cuando éste era titular de la AFI.
García Luna, junto con Eduardo Medina Mora (exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien también dirigió al Cisen y fue secretario de Seguridad Pública y Procurador General de la República), formaban los dos brazos de la estrategia contra el crimen organizado durante la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa. Mientras uno se retiró de la Corte bajo acusaciones de lavado de dinero, el otro es detenido por la justicia de Estados Unidos. Estas dos caídas ponen en entredicho la estrategia contra el crimen adoptada durante los gobiernos panistas, pues de comprobarse la serie de acusaciones en su contra, se revela el grado de infiltración que tiene el Estado mexicano al más alto nivel de autoridad y que hace comprender el porqué del empoderamiento criminal. Preocupa también que estas acusaciones vengan del exterior mientras que al interior pareciera que nadie nunca detectó que la corrupción del narco también penetraba las altas esferas del gobierno, comprando el silencio precisamente de quienes estaban encargados de combatir al principal riesgo de seguridad nacional.
