Cuando parecía ya incontenible la marea verde, ese movimiento de mujeres en favor de la legalización del aborto y su acceso pleno a adecuadas medidas sanitarias para la interrupción de los embarazos no deseados, una investigación publicada hoy en las páginas de EL UNIVERSAL revela que varios estados de la República no quieren abordar el tema del aborto o prefieren simplemente negarse a votarlo, en momentos en que ya es un hecho que la penalización no sólo no previene embarazos sin desear, sino que condena a quienes los interrumpen a la clandestinidad.
Son varias las organizaciones civiles que, a través de partidos políticos como Acción Nacional o Encuentro Social, han ejercido presión o presentado iniciativas para que no sean modificadas las legislaciones locales en las que se garantiza el derecho a la vida desde la concepción, lo que choca de frente con los esfuerzos de los colectivos feministas que pugnan a nivel federal y estatal por la despenalización del aborto y, en algunos casos también, con el derecho a la interrupción del embarazo bajo ciertas condiciones.
A diferencia de la aprobación del aborto legal que se dio recientemente en Oaxaca, los estados en los que los grupos cerrados a la discusión han manifestado injerencia para frenar, retardar u obstaculizar en sus congresos la despenalización de la interrupción del embarazo, se encuentran Aguascalientes, Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Tlaxcala y Zacatecas, en donde se busca reformar las leyes estatales para que se especifique en ellas que el derecho a la vida desde la concepción se encuentra garantizado y, por tanto, toda acción que infrinja este precepto sea perseguida y sancionada.
Es en este punto donde —incluso si se defiende que la vida empieza desde la concepción— es condenable que los legisladores no entiendan que la despenalización no es una alternativa. Llevar a una mujer a la cárcel por interrumpir su embarazo únicamente conlleva problemas de salud pública y de mortandad, como lo prueba la propia experiencia mexicana en el pasado y en los lugares donde la clandestinidad es la única salida de las mujeres.
A lo que ocurre en estas siete entidades debe agregarse que hay otras 20 que ya establecen en sus constituciones la protección a la vida desde la fecundación, aunque a decir de los expertos consultados, una cosa no se contrapone a la otra y aún así es factible que cada estado pueda establecer despenalización precisando las razones o excepciones para hacerlo válido.
Los políticos deben atreverse a definir su posición y decirle a la gente, sin simulación, de qué lado están.
