La situación de la justicia en México no puede tener mejor paradigma que el caso Ayotzinapa. Las irregularidades detectadas son fiel reflejo de lo que sucede en la gran mayoría de los delitos que se cometen en el país.

A cinco años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, la investigación comenzará de cero, precisamente por las anomalías surgidas en el proceso.

Datos del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, publicados este miércoles en EL UNIVERSAL, refieren al menos 158 irregularidades en la captura de 83 personas. Detenciones ilegales por falsa flagrancia fue la más cometida, seguida de declaraciones obtenidas por tortura, incomunicación de los acusados y privación de una defensa adecuada.

A ello se suma el desdén hacia otras pistas que pueden contribuir a dar más luz al tema y la decisión de no llamar a cuentas a las autoridades policiacas y de gobierno.

Padres y madres de las víctimas critican las mentiras del anterior gobierno, y al actual le reclaman mayor rapidez en las pesquisas. También exigen tomar en cuenta los descubrimientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que cuestionó la investigación oficial de la administración pasada.

Conforme pasa el tiempo aumenta el número de pendientes y disminuyen las esperanzas de conocer el paradero de los jóvenes. Los indicios apuntan ahora hacia cuatro poblados como destino final de los normalistas: Huitzuco, Mezcala, Carrizalillo y Tepecoacuilco. Sobre la mesa están también 11 líneas de investigación, las cuales tomarán largo tiempo para indagar y requerirán de labor profesional.

El caso Ayotzinapa retrata una realidad nacional: las deficiencias a la hora de investigar. El país no ha sido capaz de generar corporaciones policiacas mínimamente capacitadas para esa tarea, a pesar de que es el objetivo central del sistema de justicia penal que entró en vigor en 2016.

Si en el caso que atrajo la atención nacional e internacional el Estado no actuó apegado al debido proceso, no es posible esperar una conducta diferente en situaciones que no tienen los reflectores.

Los expertos lo han dicho: no se pueden investigar delitos cometiendo un delito. Mientras eso no cambie, la justicia en el país seguirá siendo lenta, deficiente y torcida.

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