Hay un sector en el país que se encuentra en la sombra y que, por sus condiciones, no es fácil que salga a la luz para reclamar derechos que les corresponden. Las personas con discapacidad son prácticamente invisibles para el gobierno federal. La oficina que tiene la encomienda de guiar las políticas públicas en este rubro está desmantelada; actualmente su plantilla laboral la conforman solo 23 personas y carece de titular.
A eso hay que sumar que en el tercer año de gobierno de esta administración sigue sin publicarse el programa nacional que determine líneas de acción para el desarrollo y la inclusión de las personas con discapacidad. La política que se ha seguido es únicamente la de entregar becas a menores de 29 años. Los apoyos para las personas entre 30 y 67 años están limitados a quienes viven en zonas de alta marginación.
Aun en la entrega de becas y apoyos los resultados todavía están lejos de lo que este gobierno se ha propuesto. La meta de la Secretaría de Bienestar es entregar becas a un millón de personas, pero hasta el año pasado solo 850 mil mexicanas o mexicanos con discapacidad tenían acceso a un apoyo económico. De acuerdo con el Censo 2020 del Inegi, en México hay 10 millones 244 mil 643 personas con alguna discapacidad. Menos de 10% reciben recursos del gobierno.
En una política integral para la inclusión y el desarrollo de personas con discapacidad la entrega de dinero no tendría que ser nunca el objetivo central. Lo más importante es visibilizarlas y ofrecerles todos los medios posibles para que sus contribuciones estén presentes en el mayor número de actividades: desde el ámbito laboral, científico y deportivo, hasta cultural y artístico.
En el caso específico de las personas con alguna discapacidad, los informes oficiales de actividades deben dejar en segundo plano el recuento de apoyos económicos entregados. Lo más importante, por ejemplo, debe ser enumerar las acciones realizadas para que más personas con algún impedimento realicen algún deporte, incrementar el número de empresas que contratan a personas con alguna discapacidad o alentar a que las ciudades sean más amigables con ellas.
El compromiso real de los gobiernos con las personas con discapacidad debe ir más allá de aportaciones económicas. Limitarse a una visión asistencialista solo enclaustra a un sector con potencial para destacar en la vida nacional, por lo que empujar su inclusión es obligado. Más de 10 millones de mexicanas y mexicanos lo agradecerán.
